En la revista Desafíos de la FHyCS de la UNaM se publicó mi artículo "Presupuesto (no tan) participativo"; una versión previa a lo que leí el día 22 de junio en el simposio organizado por la Mun. de Posadas. En él, tomo como excusa una política pública municipal para reflexionar sobre el alcance de la democracia; le codeo a los hacedores de cultura por lo que entiendo desperdician una herramienta interesante, e insto a la necesidad de modificar la reglamentación en cuestión para que se consustancie con una idea correcta de diversidad. Dejo la revista para que se pasen y la versión posterior del texto por aquí.
A la revista: https://revistadesafios.wordpress.com/2023/06/18/desafios-no15/
Titulo:
El presupuesto participativo como
mecanismo de democracia semi directa.
Palabras claves: Gobierno abierto – Participación ciudadana – Desarrollo local – Agenda 2030.
A continuación, leeré una breve
aproximación al análisis de la política pública: “presupuesto participativo” de la ciudad de Posadas, desde un
enfoque socio/crítico, situado y contextualizado. Busco con ello darle
importancia, desde el estudio y la visualización, a un mecanismo institucional
de gran atractivo para la ciudadanía en el ejercicio de sus derechos políticos.
La recomendación[1]
hecha a los Estados, en la Asamblea General de las Naciones Unidas llevadas a
cabo en el año 2015, a través de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS-Agenda
2030), han hecho del gobierno abierto
un punto transversal a los otros, en donde el objetivo numero 16 promueve sociedades
pacificas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitando el acceso a
la justicia, creando instituciones eficaces y responsables, y buscando una
renovada arquitectura estatal, en donde la
información pública accesible, sea condición para el ejercicio de una participación ciudadana de calidad (Barcena, A. 2017).
Entonces, la participación
ciudadana de calidad requiere como condición sine qua non de información
pública esencial accesible. Saber si el agua que consumimos es potable, es información
publica esencial, y por ende tiene que ser accesible. Saber si el aire que
respiramos está o no contaminado, es información pública esencial y por ende
tiene que ser accesible. Cito solamente dos ejemplos.
En este sentido, vemos que el
programa sometido a estudio va tomando relevancia, en tanto el titulo tercero
(de los derechos políticos), capitulo sexto, articulo 48 de la carta orgánica
de la ciudad de Posadas[2],
contempla el “presupuesto participativo”[3],
enunciando: “todos los ciudadanos de Posadas
tienen derecho a participar opinando
sobre la aplicación de los fondos públicos del presupuesto participativo y controlar
las rendiciones de cuentas referentes a su utilización”; asimismo, el
articulo siguiente, nos dice: “… deberá
garantizar la plena participación a la
ciudadanía en general” (…) “el
derecho a la información y a una decisión fundada”.
Le anteceden, los primeros
capítulos del mismo título, a saber: el
sufragio (art. 35); la iniciativa (arts. 36 y 37); el referéndum (arts. 38 y
39); la revocatoria (arts. 40 y sgtes.); y audiencias públicas (arts. 45, 46 y
47). Todas ellas, con excepción del sufragio (derecho político por
excelencia sirviendo como fundamentación a la democracia representativa y
encubriendo la apariencia de “la igualdad real” -1 persona 1 voto-), son
mecanismos propios de una democracia semi
directa (incorporados en los arts. 39 y 40 de la Constitución
Nacional en la reforma del año 1994).
Si lo que hacemos al votar es
elegir a quienes vamos a obedecer, estas prácticas nos permiten, al menos parcialmente,
estar detrás del telón de un sistema que mucho lugar dio a los checks and balances (frenos y
contrapesos) pero demasiado poco a la decisión ciudadana. Si del Marxismo
aprendimos que una sociedad debe ser explicada según su producción y
distribución de riquezas, podemos decir que también ella puede ser explicada
por sus normas vigentes y la implementación de estas.
La importancia del presupuesto
participativo radica en que es una de las pocas prácticas propias de una
democracia semi directa que se aplica con una relevante determinación por parte
de la administración pública municipal[4].
La misma herramienta normativa
condensada en una política pública (Estado en movimiento), es interesante
porque da la posibilidad, no solo de la presentación de un proyecto con un
mínimo de 10 personas firmantes, sino también de votarlo, haciendo de este modo
que el circulo democrático se sienta lo suficientemente cerrado.
Pero cuando hablamos de
democracia, tenemos que ponernos de acuerdo sobre que entendemos por democracia,
y es por eso que luego volveré aquí.
Tal política, al estar
contemplada en el presupuesto anual, - que según la ordenanza V N.º 21, art. 2,
le correspondería el 1,5% sobre el presupuesto general de la ciudad -, los
fondos siempre se disponen y no hay riesgos de que año a año no se lleve a
cabo. De esta manera se sostiene en el tiempo, logrando con esto acrecentar la
confianza necesaria de toda política que tiende a vincularse e interactuar con
la sociedad. Mucho más, habiéndose implementado por dos gobiernos distintos[5],
desde el 2016 hasta la fecha, tal política pública va dirigiéndose hacia la
conversión de lo que no abunda, pero que tanta falta hace; una política de
Estado y no de gobierno.
Hasta aquí hemos visto, en
términos generales, en que consiste el presupuesto participativo y por qué su
estudio resultaría atractivo para cientistas sociales y políticos. Ahora,
vayamos a algo más concreto; el programa en sí.
Los proyectos presentados tienen
que estar orientados a 4 ejes: Infraestructura,
maquinaria, arbolado urbano, plazas/parques. Existe la posibilidad de
presentar proyectos por fuera de estas opciones, pero requiere de un trámite especifico
y excepcional. Aquello presentado como excepcional en el ámbito de lo
burocrático suele ser complejo, lento y traumático. Vale la pena mencionar
aquí, que una política como la del presupuesto participativo requiere de una
cierta libertad, flexibilidad y capacidad adaptativa frente a demandas sociales
cambiantes; ya que un programa territorial rígido, seria sinónimo de “vacío”
(Solano, R. 2017).
De las ediciones realizadas
(desde el año 2016), la mayoría de los proyectos ganadores tienen que ver con
la construcción de salones de usos múltiples, remodelación de plazas, veredas,
iluminación, instalación de maquinaria para la realización del ejercicio
físico, parques deportivos y lúdicos, entre otros similares. Así, si tomamos la
última edición (2022), los 11 proyectos ganadores están dentro de estas
categorías[6].
Sin hacer un estudio exhaustivo,
se puede notar que nunca ha resultado ganador un proyecto atinente a la cultura
entendida como expresión artística. Ninguna construcción de museos, teatros, bibliotecas,
cinematecas, centros culturales, etc. Tampoco se pensó, en los últimos tiempos,
la incorporación de elementos necesarios para la prestación de servicios culturales
en espacios ya construidos como pueden ser los salones de usos múltiples. Digo esto
solo para dar ideas.
Ahora, cabría hacerse la pregunta
de: sí esto ocurre por la falta de presentación de proyectos de estas
características o la falta de voluntad ciudadana (al menos de la gente que
accede a la votación) de optar por estos proyectos.
La afirmación de lo anterior nos
lleva a preguntarnos algo más: ¿Por qué sucede esto? ¿Es por la falta de
interés? ¿Y a que se debe esa falta de interés?
Si pensamos un poco mejor, con lo
que cuesta esto, podríamos decir que este mecanismo presentado con las luces de
una democracia participativa, por
entender que tal mecanismo no solo apunta al consumo de productos ya terminados
sino también a la participación en la formación de los mismos, apenas llegaría
a los albores de una democracia cultural -en
sentido amplio-[7]
(Solano, R. 2017). Si bien es cierto que la implementación de los proyectos
llega a lo largo y a lo ancho del territorio, priorizando de esta forma la
descentralización; lo real es que el “contenido” de esos proyectos está “centralizado”,
y por ende llevan a homogenizar la ciudad. Si entendemos que uno de los
elementos de la democracia es la diversidad, esta política está pecando en su
esencia.
Nuevas preguntas: ¿No será que
los proyectos son bajados desde arriba, es decir desde el Estado a la sociedad?
¿Puede que la calificación de viabilidad del proyecto, tarea competente del
Estado, sea hecha de manera, un tanto discrecional? ¿Qué interés tendría el
Estado de que haya una homogeneidad de “construcciones” concentrando las
ofertas en la ciudad? ¿No será que las obras ganadoras se hubieran realizado
igual por mas que ciertos proyectos no hayan ganado?
Cuando hablamos de democracia,
desde una perspectiva maximalista, entiendo, siguiendo el principio de John
Stuart Mill (mencionado por Gargarella, 2021), según el cual “cada persona debe
ser considerada el mejor juez de sus propios intereses”, que toda decisión
pública debe ser discutida de ante mano y que esa discusión se debe realizar
dentro de un “contexto colectivo” en el que se incluyan directamente a
los actores que se van a ver afectados inmediata o potencialmente por esa
decisión adoptada. Es decir, participación ciudadana de calidad implica la
inclusión, la deliberación y la toma de decisión en un pie de igualdad de los
actores.
No cabe duda, y con esto voy
terminando, de que resultan por de más valiosos estos mecanismos de democracia
semi directa.
Ahora, surge la necesidad de
abrir nuevas líneas de financiamiento, ya no solo a la construcción,
remodelación o mejoramiento de bienes inmuebles o muebles “pre” fijados, sino a
otros nuevos, pensados, imaginados y debatidos, desde una participación
consciente de la sociedad. La prestación de servicios también puede ser una
opción. De esta forma, se dará un nuevo enfoque a esta política pública, que
como ya lo dije, requiere de cierto grado de libertad y flexibilidad para continuar
con su vida útil.
En definitiva, lo que está en
juego es un modo de ver la relación entre Estado y sociedad; la concepción
asignada a la cultura, al rol ciudadano y al papel del Estado en la promoción
de derechos. La inversión de lo cotidiano, ir de abajo hacia arriba. Discutir
valores políticos y culturales, dar una definición lo suficientemente precisa y
coherente de ellos. Hacer de la cultura un
proceso de desacuerdo de lo común -de lo dado, - puede ser el faro para
alcanzar una sociedad más democrática en lo que respecta a la toma de decisiones,
haciendo de ella menos desigual socialmente, políticamente y
económicamente.
Ahora sí, termino.
Miranda Fricker, teoriza la “injusticia
epistémica” y explica en que consiste esta. Se trata de causar un mal a alguien
en su condición especifica de sujeto de conocimiento. La injusticia testimonial,
una forma de injusticia epistémica, se produce cuando los prejuicios llevan a
un oyente a otorgar en las palabras de un hablante un grado de credibilidad
disminuido. Un ejemplo de esto podría ser la diferencia de trato que hace la
policía entre un profesional del derecho como yo y un ciudadano pobre y negro.
(Fricker, M. 2007).
La conclusión que pude extraer
desde mi observación, es que la toma de decisión sobre los proyectos sometidos
a votación en el presupuesto participativo, suelen realizarse ante la propuesta
en vos alta de un actor con cierta autoridad, y que, debido a la falta de
contestación de la mayoría de los participantes involucrados en la decisión,
ese silencio se transforma en un “consenso aparente”. Sería algo así como creer
en la locura, que si después de esta lectura, preguntara en vos alta a los
presentes, si están de acuerdo con ella, y debido a la falta de respuesta de
estos, lo interpreto como un sí. Seria injusto, ilegitimo, y posiblemente
ilegal.
Gracias.
[1] Utilizo el termino
recomendación haciendo alusión a normas blandas (soft law).
[2] La última reforma de la
carta orgánica fue en el año 2010.
[4]
Si bien es cierto que la revocatoria como la iniciativa
popular requieren, más que una política pública un fuerte sentido
participativo de la ciudadana, lo cierto es que la consulta popular y las audiencias
públicas, decantan desde el Estado a la sociedad civil.
[5]
Si bien el intendente Joaquín Losada (2015-2019) y el
intendente Leonardo Stelatto (2019-2023) pertenecen al mismo frente de poder
(partido de la concordia social), ambos se identifican con grupos enfrentados
dentro del mismo partido.
[7]
La mención “en sentido amplio” hace referencia a la
cultura como regulador de relaciones sociales.
