Derecho y a la izquierda

La necesidad de tener una postura política de izquierda -desde la tierra colorada-.

En Misiones están pasando muchas cosas.

Al inicio del mes de agosto se conocieron las renuncias en papel blanco por parte de legisladores provinciales, al tiempo de asumir sus cargos. Esta práctica nos transmite una perplejidad asombrosa. En una sociedad donde la democracia como sistema representativo agoniza, el acontecimiento certifica su defunción. El asunto es tan grave, tanto por quien les hacía firmar, como por aquellos que las firmaron. Hay que decirlo; en el medio pueden aparecer una serie de delitos: (1) contra la libertad, (2) la administración y (3) la fe pública. Asimismo, cae de maduro la pregunta: ¿qué se está esperando para hacer denuncias formales por parte de sujetos que tienen la obligación de hacerlo por el rol que ocupan? Silencio.

El jurista alemán, Carl Schmitt, entendía lo político como un ámbito autónomo, separado -ej.- de lo moral o lo estético. Así, si la moral se ocupa de la distinción de lo bueno y lo malo, y la estética de lo bello y feo; la política haría la distinción de amigo y enemigo. Entonces, la versión –de algunos medios de comunicación- de que es el mismo defenestrado quien busca su propia defenestración para aglutinar —sobre todo— a los intendentes bajo la figura del nuevo conductor, con esa fuerza que nace de un enemigo en común, no suena del todo exagerada. En política, la construcción de un adversario común también puede convertirse en una forma de reorganizar el poder

La Libertad Avanza venía sumando fuerzas a nivel provincial, impulsada por las últimas elecciones de medio término, donde su performance fue superior a la de la Renovación por más del 5%. La renovación gobierna la provincia hace más de 20 años, aplicando lo que algunos politólogos denominan el efecto de cancha inclinada. Quizás el tiempo llevo a la necesidad de mostrar una nueva ola, y el año pasado, apoyo las candidaturas de las figuras más jóvenes del partido. Eso no funciono y pasó de la Neo Renovación a Encuentro Misionero a principios de este año, un eslogan que terminó por disolverse en un acorde y un vaso de vino. Ahora, el nuevo espacio político se denomina «Movimiento por lo que Viene», y queda buscar adonde están las diferencias.

Son tiempos donde la gente que nunca hablo ahora habla, y los que siempre hablaron ahora son escuchados.

Mientras tanto, la Nación argentina, vive tiempos delirantes. El 6 de agosto en el senado se discutió una ley que afectaría un elemento condicionante de la existencia del Estado; el territorio. En concreto, la provincia de Misiones por su realidad acuciante: pequeños productores y su zona de frontera, se vería fuertemente afectada. El tema nos permitió darnos cuenta de que Misiones es la segunda provincia más extranjerizada del país, con municipios —sobre todo del norte— que superan ampliamente el límite del 15% establecido en la normativa actual.  

Finalmente, la ley que hubiese permitido la compra de tierras sin límites por parte de extranjeros no salió. Sin embargo, eso no significa que no hayan pasado cosas. En los últimos días, en la localidad de Garuhapé, la comunidad Puente Quemado II fue desalojada y desplazada de su territorio en un preocupante desmanejo de derechos. Ahora, en San Pedro, familias enteras denuncian que la multinacional Arauco destruye sus casas y quema sus animales para apropiarse de la tierra. A ello se suma que, esta última semana, el Poder Judicial misionero agregó un nuevo capítulo a su injusticia epistémica al condenar a Mariela Ramírez en un proceso atravesado por la noción de “buena madre”. En este artículo, Caíco aporta algunos datos sobre el funcionamiento, los tiempos y la calidad de las respuestas de la justicia provincial (vale la pena): https://caicoperiodismo.ar/remo-04-pocos-fallos-muchas-fallas/

Son muchas cosas atravesadas por un hilo conductor: como y quien toma decisiones sobre las razones públicas, y que decisión se toman.

Ante una avanzada, es necesaria otra avanzada.

Como se viene demostrando, la democracia representativa se encuentra agotada. Su lugar debe ser ocupado por una democracia participativa y deliberativa, que permita el encuentro de todas las voces afectada, con la suficiente información, para llegar a acuerdos más imparciales y legítimos.  

Hoy vemos que la derecha nos ha mostrado su plan más perverso —lo tenemos sobre la mesa—: mercantilizar todo lo que está a su paso, cosificarlo. Es la Nada en la película La historia sin fin. Nosotros deberíamos ser Bastián.

En este contexto, la izquierda —en toda su amplitud— tiene una oportunidad única. Al referirme a ella, no hablo de un partido político en particular, sino de una posición política. Es cierto que esto puede ser mayormente capitalizado por los partidos de izquierda, pero prefiero pensar en posiciones que pueden encontrarse dispersas en diferentes —aunque no en todas— agrupaciones sociales. La palabra izquierda, incluso en términos semánticos, gana peso: en la medida en que derecha se vuelve sinónimo de muerte, izquierda lo hace de vida.

Por eso, me gustaría dedicar unas pocas líneas a pensar qué es aquello que llamamos izquierda, buscando una mejor comprensión que nos permita inclinarnos hacia esa postura. Para ello, voy a tomar brevemente algunas ideas desarrolladas por el jurista Roberto Gargarella en su reciente ensayo Izquierda y política, que puede consultarse aquí: https://ar.bajalibros.com/reader/izquierda-y-politica.

El autor afirma que, frente a los desacuerdos acerca de qué significa ser de izquierda, existe una idea de izquierda capaz de generar ciertos consensos básicos. Esta se asienta sobre una premisa de emancipación —o, dicho de otro modo, de no dominación— y, en consecuencia, ha defendido históricamente los ideales de los derechos y la democracia; es decir, la autonomía personal y el autogobierno colectivo. Ello supone, por un lado, que cada persona debe poder desarrollar su vida del modo más libre y pleno posible, sin interferencias arbitrarias de terceros o de instituciones; y, por otro, que cada comunidad debe poder organizarse de la manera más autónoma posible, sin quedar sometida a voluntades o poderes externos.

Resulta necesario, entonces, ante el panorama actual, donde los poderes concentrados han capturado buena parte de las decisiones estatales, democratizar la toma de decisiones mediante la participación y la deliberación, garantizar una distribución más justa de la riqueza y respetar los distintos estilos de vida. En definitiva, se trata de ampliar derechos —fortaleciendo la autonomía personal— y profundizar la democracia —fortaleciendo el autogobierno colectivo—.

Ser de izquierda es asumir una posición que exige más derechos y más democracia.

Es simple.

Epilogo

En estos tiempos del algoritmo, donde quien paga unas cuantas monedas se atreve a aparecer por doquier en nuestras intimidades, cambiando así las conversaciones en la mesa, algunos, van mucho más lejos y confunden al prójimo al aparentar una rebeldía cuando tan solo son verdugos. En ese sentido, pienso también que ser de izquierda es desertar de esos lugares donde las personas y los proyectos se vuelven caricaturas. Hay que dejar de ser cómplices de un sistema que nos vuelve idiotas. Y hay que dejar de ser cómplices de los cómplices. 

24 de Marzo 1976; 50 años

Se cumplen 50 años del golpe de estado de 1976. En la madrugada del 24 de marzo, por los altavoces de radio nacional, en cadena nacional, se escucho el comunicado N° 1 de la junta militar.

“Se comunica a la población que a partir del día de la fecha, el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanan de la autoridad militar, de seguridad o policial; así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operación".

Firmaban Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti.

A partir de ese momento se inicio, lo que llamaron, el Proceso de Reorganización Nacional, una pretendida refundación de la Argentina que no fue más que un proceso de destrucción en los planos político, económico, social y cultural.

Videla, asume como presidente de facto –usurpador-, en el salón blanco de la casa de gobierno y no en el congreso nacional.

Los gobiernos autoritarios y antidemocráticos, detestan al poder legislativo. Como sostenía John Locke, en él, recae la esencia y la unión de la sociedad en una sola voluntad, es su espejo; además de limitar al poder ejecutivo, siempre más fuerte por tener la caja y las armas.

En aquel momento se cerró el Congreso. Más cerca en el tiempo, en 2023, el presidente actual asumió dándole la espalda. Vale la pena detenerse en ese gesto y preguntarnos qué entendimos como sociedad en estos cincuenta años y qué hicimos con todo aquello que nos pasó.

Nueve años después, en 1985, un fiscal de bigote y ojeras marcadas, al parecer bastante valiente, en su alegato final, además de citar a Dante y a su Divina Comedia, pronuncio una frase que quedaría grabada para siempre: Nunca Más.

Esa expresión ya había sido utilizada en el informe de la CONADEP, un documento de 50 mil paginas, que sirvió de base para la acusación fiscal. La comisión fue presidida por el escritor Ernesto Sábato, e integrada, entre otros, por Graciela Fernandez Meijide y Magdalena Ruiz Guiñazú.

La continuidad de ese proceso se dio años más tarde, con las políticas de memoria, verdad y justicia impulsadas a partir de 2003.

"Nunca Mas" condensa una idea, y esa idea funda un nuevo contrato social, un nuevo consenso. Nunca más censura, nunca más violencia estatal.

Argentina fue el único país que juzgó sus crímenes de lesa humanidad con sus propias instituciones, con su derecho, con sus jueces y bajo el debido proceso. En el "Juicio al mal absoluto", Carlos Nino, quien fuera uno de los arquitectos institucionales del juicio a las juntas, desarrolla la fundamentacion teórica utilizada para anular la ley de autoamnistía impulsada por el dictador Bignone, explicando la legitimación de normas en gobiernos que no son democráticos.

Fuimos un ejemplo en el mundo; no sólo revertimos la violencia con la acción punitiva, sino también con la deliberación pública, es decir, con la democracia en su mejor luz. Lo que Raúl Alfonsín sintetizaba en la frase, democracia no solo con la que se vota, sino también con la que se come, con la que se cura, con la que se educa.

Nino y Alfonsin

Aquella pregunta hecha más arriba ahora se nos cae encima como la realidad misma. Por primera vez, desde el Estado, se niega el terrorismo de Estado; pero no solo eso, en algunos casos se lo reivindica. Al mismo tiempo, se nos vacía de derechos económicos y sociales; se desfinancia la cultura, la educación, la ciencia, la salud; nos reducen la propiedad privada y nos debilitan, nos quieren raquíticos; no nos matan por acción pero si por omisión.

Tambien cabe preguntarse que hacemos ante esta realidad. Las madres de los desaparecidos, daban vuelta por la plaza de mayo, resistían, toda la vida resistiendo.

Los gobernantes actuales rompieron con el pacto del Nunca Mas, que a la vez se sustenta en la Constitución Nacional; por lo tanto, no son una autoridad legitima, o son una fuerza sin autoridad. Es asi que los derechos ya no se sujetan a algo externo, por que el fin del Estado como garante de aquellos deja de ser fin, y vuelven al individuo, y el primer derecho es la conservación de la vida y la oposición a su destrucción. 

Estos cincuenta años nos tienen que hacer despertar. Por suerte ya estamos despertando.

 

QUE EL MERCADO NO DECIDA POR NOSOTROS

El gobierno nacional tiene problemas con los mínimos: por encima de ellos está la política, pero por debajo está el derecho. El caso de los Glaciares.

Los problemas económicos fundamentales que toda sociedad debe responder son tres: qué producir, cómo producir y para quién producir. Si trasladamos estos interrogantes a la actividad minera —entendida como la producción orientada a la extracción de un mineral— los resultados, para las mayorías sociales, arrojan un saldo negativo.

Esto es así en un contexto donde la pérdida de puestos de trabajo, en la Argentina, viene siendo significativa. Durante la actual gestión de Javier Milei, se estima que se han perdido alrededor de 300 mil empleos registrados, y según un informe de la consultora Audemus, entre 2023 y 2025 la actividad manufacturera acumuló una caída promedio del 7,9 %, lo que posiciona al país entre los peores desempeños industriales del mundo. Mientras tanto, nuestro vecino Brasil, registró un crecimiento cercano al 3,5 % en el mismo período^[1].

En este escenario de desindustrialización, la actividad minera no logra compensar la destrucción de empleo. Se trata de una actividad que, además de generar un volumen relativamente reducido de puestos de trabajo, es altamente tecnificada y suele incorporar mano de obra especializada proveniente del exterior. Para quienes son expulsados del aquel sistema productivo, lo que queda, es la inserción en formas de trabajo precarizadas, como las plataformas digitales, a la que llaman trabajo independiente.

En paralelo a esta profundización del proceso de primarización de la economía —con un tipo de cambio apreciado y una apertura comercial indiscriminada—, se están poniendo en juego territorios y comunidades enteras. No se trata solo de variables numéricas: en este vendaval se están arrasando derechos, es decir, porciones concretas de vida, como un proceso de mutilación humana. Allí están los discapacitados y los ancianos.

Desde esta perspectiva, incluso la corriente utilitarista —aquella que, ante un dilema moral, privilegia el mayor bienestar general— difícilmente podría justificar un modelo como este que combina desindustrialización, es decir desempleo; degradación ambiental, miseria y concentración de la riqueza.

Me interesa señalar aquí, volviendo al inicio del texto, la fuerte relación existente entre ambiente y democracia. Me refiero a la democracia entendida en su dimensión procedimental. Esto es, la atención en las formas mediante las cuales se toman decisiones, sobre contenidos de enorme relevancia, como lo son los recursos naturales, esenciales para la vida humana.

Los asuntos sobre bienes comunes no pueden decidirse de esta manera.

Las últimas leyes discutidas en el Congreso Nacional —incluida aquella que vacía de protección a los glaciares— se debatieron en un edificio vallado, con graves restricciones a la deliberación pública, en algunos casos rompiendo el contrato de mandato entre representantes y representados, y siempre con premura, de espaldas a la Constitución y a la jurisprudencia ambiental consolidada.

Voy al núcleo normativo del problema.

El artículo 41 de la Constitución Nacional exige a la Nación dictar normas de presupuestos mínimos de protección ambiental. Ese mandato se concretó, entre otras normas, en la Ley General del Ambiente (Ley 25.675, año 2002), cuyo artículo 1° establece justamente ese marco protector. En particular, la Ley de Glaciares (Ley 26.639, año 2010) dispone en su artículo 1° que los glaciares y el ambiente periglaciar son bienes de carácter público y los define como:

“Reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico”.

Además, en el año  2020 el Estado argentino ratificó, mediante la Ley 27.566, el Acuerdo de Escazú —el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe— que impone obligaciones claras en materia de acceso a la información pública, participación ciudadana y justicia en asuntos ambientales. Esta norma no solo protege el ambiente como bien jurídico, sino que también establece un procedimiento para tomar decisiones sobre ese contenido.

El vaciamiento de los presupuestos mínimos implica dejar un papel en blanco en el escritorio de “quien sabe quién”, aunque algunos ahora lo llamen “provincia”. Si esta modificación prosperara, la protección de los glaciares y del ambiente periglaciar volvería a foja cero, en la medida en que se eliminaría el Inventario Nacional de Glaciares previsto en el artículo 3° de la norma vigente, instrumento técnico –dependiente del CONICET- indispensable para cualquier política seria de protección.

Vamos en contra a la arquitectura constitucional elegida por nuestros constituyentes del 1994. Precisamente para evitar la competencia a la baja en materia ambiental, el constituyente estableció presupuestos mínimos nacionales, como garantías de goce de libertades. Asimismo, entendió en este punto, que cuanto mayor es la cantidad de los sujetos involucrados en la decisión –provincia y nación-, mayor es su imparcialidad, reduciendo el riesgo de captura del Estado por parte de grupos de interés.-También aquellos constituyentes, agregaron el art. 75 inc 19 de la Constitución Nacional que habla de educación, de ciencia, de cultura y de justicia social-.

Por eso la relación entre democracia y ambiente, que no es otra que la relación entre democracia y derecho. Cuando se adoptan decisiones con potencial de no retorno —lo que fundamenta el principio precautorio del derecho ambiental— la forma en que se decide es tan importante como el contenido de lo decidido. Si se restringe la deliberación pública y se debilitan estándares constitucionales, el problema no es solo ambiental: es una decisión antidemocrática y, por su contenido, también inconstitucional.

Frente a esto, sostengo que el derecho debe dirigir la economía, del mismo modo en que la democracia debe secuestrar al capitalismo. Me refiero a un sistema mixto, donde el Estado intervenga activamente en diferentes áreas de la vida social. Hace tiempo superamos la visión de Adam Smith y su concepto de mano invisible, y comprendimos que los mercados presentan fallas estructurales: externalidades, asimetrías de información, competencia imperfecta. Allí donde el mercado falla, el Estado debe estar presente.

En este sentido, resulta interesante recuperar una entrevista disponible en la web de Thomas Piketty, economista Francés dedicado al estudio de la desigualdad, titulada “Estamos en una situación similar a la que llevó a la Revolución Francesa”. Allí sostiene, entre otras cosas, que una parte significativa de la riqueza debe estar socializada; que los movimientos históricos hacia la igualdad han sido largos y conflictivos; que países como Suecia —hoy asociados a altos niveles de bienestar— fueron profundamente desiguales hasta la consolidación de la socialdemocracia; y que los actuales niveles de concentración patrimonial no solo son injustos, sino también económicamente ineficientes.

Piketty dice, por ejemplo, que en España el 50 % de la población posee apenas el 5 % del patrimonio total, mientras que el 10 % concentra alrededor del 50 % de aquel total - y ni hablemos de América Latina-. Esa brecha no es derecho natural: es el resultado de decisiones políticas e institucionales. También advierte que la deuda pública funciona como el impuesto que las clases privilegiadas no pagan; y que con una pequeña fracción de los beneficios de las multinacionales y de los grandes patrimonios, redistribuida globalmente con criterios poblacionales, para inversión en educación y salud, superaría en 10 veces los montos de lo que se hace llamar: ayuda internacional. Nos recuerda que, en tiempos de la Revolución Francesa, la nobleza tampoco quería pagar impuestos.

El mensaje parece claro: los sistemas económicos no cambian por inercia, sino por decisión política.

Las condiciones materiales para una reforma hacia el camino de la igual libertad están dadas.

Solo resta, que colectivamente respondamos aquellas preguntas fundamentales —qué producir, cómo producir y para quién producir—, y avancemos en consecuencia.

Pero ahora, pensemos solo un momento en esto. No podemos destruir nuestros glaciares. No podemos comprometer nuestras reservas de agua.

Si esto ocurre, no solo perderemos ambiente: perderemos derechos, perderemos democracia.

 

---

[1]https://www.perfil.com/noticias/amp/canal-e/dos-anos-de-milei-la-segunda-peor-caida-industrial-del-mundo-2436-empresas-cerradas-y-73-mil-empleos-perdidos.phtml

Cada vez hay más espacios públicos abandonados en Posadas. De eso no sale nada bueno: solo exclusión y violencia.

Los juegos que durante décadas estuvieron en el Parque Paraguayo fueron trasladados a la Plaza Sarmiento a raíz de las obras de ampliación del Museo Aníbal Cambas. Una vez más, una modernidad decadente que no contempla el derecho a la memoria.

En la Plaza Sarmiento, ubicada en Villa Cabello, hablo con un hombre: vendedor de ropa, feriante del lugar. Me dice que los juegos funcionan de miércoles a domingo (yo estuve un martes). Que viene gente, pero poca. Que los chicos ya casi no los usan. Le digo que los juegos se están deteriorando, que están claramente en estado de abandono. Me responde que el señor que los tiene —al parecer un cordobés— quiere venderlos por millones de pesos. Las máquinas, dice, solo le generan costos.

Le digo entonces que el Estado debería estar presente. Me responde que el Estado los sacó del Parque Paraguayo y que ahora ya no interesa demasiado lo que pase con ellos. “Ni luces hay acá, en esta plaza”, me dice. Y agrega que, si el dueño de los juegos las pone, se las terminan robando.

Le digo que es una lástima, que tranquilamente se podría abrir una gran feria en torno al parque, una opción tradicional para las familias de Posadas, algo beneficioso para la zona y también para sus ventas. Me responde que sí, pero que acá hay mucha inseguridad. Me lo grafica con un gesto: “Podés estar con el teléfono así” —me muestra— “y viene un pibe y te lo roba”. La policía, dice, está ahí arriba nomás. Hay mucho consumo, mucha adicción. Ahora hay gente, pero cuando oscurece la plaza se vacía. “Venite más tarde y fijate”, me dice. Por eso a nadie le interesa demasiado este lugar.

Le vuelvo a decir que el Estado debería hacer algo. Que nosotros también deberíamos hacerlo. Que de seguro hay gente interesada.

 

La bandera de Misiones izada en la plaza Sarmiento no flamea. 

¿Cómo no vamos a cuidar el lugar en el que estuvimos cuando éramos soñadores? Tan rotos estamos que nos sometemos al olvido. Vamos contra nuestra herencia, contra nuestros recuerdos, contra nuestra identidad, contra nuestro reconocimiento mismo, contra nuestra dignidad, nuestro derecho político.

Deberíamos alzar la voz al unísono. Hacer de la rebelión un acto patrimonial constitutivo. Vivimos en un estado de excepción donde el sistema de representación ya no existe. El sistema institucional parece estar divorciado de la ciudadanía. Los partidos políticos han muerto. El poder está concentrado y los controles sociales erosionados.

Las herramientas institucionales que la ciudad nos ofrece: audiencias públicas, iniciativas populares, presupuesto participativo, son poco utilizadas, pero pueden ser un camino. Pongamos una mesa en el medio de la plaza y empecemos a cambiar conversando. Eduquemos al soberano; algo básico.

El viejo mundo muere y el nuevo tarda en aparecer. Los monstruos están sueltos. Este es el momento. Nadie puede estar bien si quien está a su lado está mal: si tu amiga está mal, si tu novia está mal, si tu hermana está mal. De lo contrario, significa que te des responsabilizas. Y este no es un tiempo para irresponsables. No se puede vivir de balde.

El derecho a llegar al rio: que es y por que importa el camino de sirga

Fuente: Pohl Schnake, V., Mantegna, S., & del Llano, T. (2019)

 

La relación entra la sociedad y el ambiente parte de una idea sencilla; la conducta humana puede modificar las condiciones de existencia de los seres vivos. Por lo tanto, el derecho —definámoslo aquí simplemente como conjunto de normas — puede (y debe) regular esa conducta a los fines de que ella no afecte la vida de las personas. En este sentido, el derecho ambiental es un derecho humano — si nos importa el árbol no es por el árbol en sí mismo, sino porque su existencia beneficia la vida humana —. La Constitución Nacional (1994) en su art. 41 recepta el derecho a un ambiente sano, contemplando el principio del desarrollo sostenible. Esta es una ética que reposa sobre un postulado de equidad interjurisdiccional e intergeneracional.

La normativa ambiental cristaliza el modelo de como una sociedad define el acceso y uso de sus recursos naturales. El nuevo código civil (2015) reconoce esa cláusula constitucional en términos prácticos (política ambiental). En su afán por emprender un camino tendiente a la des mercantilización de la naturaleza, da una especial atención a lo público por sobre lo privado y a lo colectivo por sobre lo individual. El código menciona los derechos de incidencia colectiva (art. 14), aclarando que la ley de ninguna manera ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando estos puedan afectar el ambiente, además de mencionar el funcionamiento de los ecosistemas, la flora y fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales y el paisaje (art. 240). Sin embargo, en medio de estos avances, el Código introdujo un cambio que generó polémica: la reducción del llamado camino de sirga.

¿De qué se trata? El camino de sirga se encuentra en el capítulo correspondiente a los límites al dominio, cuyo objetivo es permitir sirgar, esto es, remolcar o arrastrar una embarcación desde la orilla. Se aplica a cursos de agua navegables y consiste en una franja de terreno que paso de 35 metros a solo 15 desde la línea de ribera. Aunque es propiedad privada, el propietario no puede realizar en él ningun acto (ejemplo construcciones) que menoscabe la actividad del transporte fluvial. Parte de la doctrina, desde un enfoque que observa el ordenamiento jurídico integral, ha dicho que esa actividad no solo se debe reducir al transporte, sino también a la pesca y al esparcimiento. Lo que hay que entender es que el rio es un bien de dominio público (art. 235) y por ende se debe permitir el acceso a él. Para el derecho no es aceptable el acceso a determinado espacio del rio, debe ser sobre su totalidad.

La reducción del camino de sirga llego en un país donde las denuncias por su incumplimiento ya era moneda corriente. Con la legislación actual, en parte se legitima esas prácticas de obstrucción por parte de los propietarios. Para mencionar un caso extremo: en 2006, Cristian González y dos amigos fueron a pescar a la orilla del rio Quilquihue; desde las cabañas Andina les dispararon tiros intimidatorios, y cuando Cristian pidió explicaciones, el guardia privado Horacio Calderón le efectuó un disparo mortal en el cuello[1]. En la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, también abundan los ejemplos. En varias zonas, no solo no se ha respetado el camino de sirga, sino que directamente se han privatizado bienes públicos. Un caso emblemático es lo que sucede con el “montecito” de villa cabello; una reserva urbana ambiental en beneficio de un club privado[2].

El impedimento ciudadano del acceso a un bien público como el rio tiene una vinculación fuerte entre democracia y derecho. La posibilidad de garantizar un ambiente sano y equilibrado para el desarrollo humano, así como la preservación al patrimonio natural y cultural, aumenta cuando la sociedad puede ejercer control sobre esos espacios; y para ello, necesariamente debe poder habitarlos. A pesar de todo, el código, deja una puerta abierta. El último párrafo del artículo atinente al camino de sirga dice lo siguiente: (…) “Todo perjudicado puede pedir que se remuevan los efectos de los actos violatorios de este artículo” Lo que significa que cualquier afectado puede demandar judicialmente al propietario por acción y al Estado por omisión. Bastaría hacerlo para ver qué pasa.

 

Referencias:

Pohl Schnake, V., Mantegna, S., & del Llano, T. (2019). Bienes comunes y conflictos socio-ambientales en torno a la segmentación normativa del territorio a partir del Código Civil y Comercial de la Nación vigente desde 2015. VII Congreso Nacional de Geografía de Universidades Públicas y XXI Jornadas de Geografía de la UNLP, La Plata, Argentina.

---

[1] https://www.biodiversidadla.org/Noticias/Argentina_a_cuatro_anos_del_asesinato_de_Cristian_Gonzalez

[2] https://radioup.com.ar/montecito-cabello-frenan-obra-ilegal-pira-pyta/

Mi primer articulo que se publica en un diario local. Estoy contento (aprendí a disfrutar). Se lo dedico a mi padre. Un tipo que me agarro y siempre me tiro para arriba.  

https://www.lavozdemisiones.com/opinion/el-derecho-a-llegar-al-rio-que-es-y-por-que-importa-el-camino-de-sirga/

 

Presupuesto prorrogado, constitución suspendida

 

Ante la pregunta de cómo funciona la economía —especialmente para quienes no tienen formación en la materia—, la Constitución Nacional puede ofrecernos algunas señales importantes.

Si consideramos que uno de los criterios para evaluar el éxito económico de un país es la manera en que se toman las decisiones públicas —en particular, cómo se obtienen y utilizan los siempre escasos recursos del Estado—, podemos empezar a construir una respuesta más clara.

En la Argentina se gobierna, desde hace dos años, sin un presupuesto aprobado por el Congreso. Esto implica una mayor discrecionalidad en el manejo de los fondos públicos por parte del Poder Ejecutivo, es decir, del Presidente de la Nación. Entre muchas consecuencias, esto conlleva el atraso en partidas presupuestarias que no se actualizan por inflación y cuya asignación queda enteramente sujeta a criterio presidencial. Según datos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), los fondos destinados a Educación, Cultura y Promoción y Asistencia Social sufrirían una reducción del 30 %, mientras que el área de Inteligencia incrementaría su presupuesto en un 67 %.

Además, se debilita la posibilidad de seguimiento y fiscalización en la ejecución de esas partidas, lo que vulnera estándares mínimos de transparencia y limita el control ciudadano, principio esencial del sistema republicano: la publicidad de los actos de gobierno.

Bajo el supuesto de que una sola persona es más susceptible a influencias externas que un colectivo amplio —por ejemplo, trescientas personas—, se entiende por qué la Constitución Nacional otorga al Congreso amplias atribuciones, al tiempo que lo obliga a legislar sobre ciertas materias y prohíbe, como regla general, delegar en el Poder Ejecutivo la emisión de normas de carácter legislativo (art. 76 CN).

Por ello, es función de los poderes legislativos —en sus distintos niveles: nacional, provincial y municipal— sancionar anualmente el presupuesto general de gastos y el cálculo de recursos, conforme al programa general de gobierno. Así lo establece el artículo 75, inciso 8, de nuestra Constitución.

Sin embargo, por falta de voluntad de dialogo y una iniciativa mediocre siempre tendiente al conflicto, Argentina sigue utilizando el presupuesto del año 2023. El último presupuesto aprobado por el Congreso corresponde a 2022, cuando el presidente aún era Alberto Fernández.

Para el año 2024, el presupuesto fue prorrogado mediante un decreto del Poder Ejecutivo, en base a la Ley de Administración Financiera, cuyo artículo 27 establece que, ante la ausencia de un presupuesto aprobado al inicio del año, continúa vigente el del período anterior. No obstante, este año volvió a prorrogarse el mismo presupuesto por segunda vez consecutiva, un hecho inédito en la historia argentina. En los últimos quince años, este mecanismo también fue utilizado en 2011, 2020 y 2022, pero nunca de forma continuada durante dos años.

Dado que la ley no contempla la posibilidad de una segunda prórroga, se abre el debate: ¿fue legal esta decisión? ¿Se podría repetir en el futuro? Quienes opinan afirmativamente apelan a un principio básico del derecho constitucional: todo lo que no está expresamente prohibido, está permitido. Sin embargo, esta visión desconoce el sentido mismo del constitucionalismo. Incluso su versión más mínima se funda en proteger los derechos de los individuos frente al poder estatal. Por tanto, este “permiso” implícito jamás puede interpretarse en favor del Estado, sino siempre del ciudadano. Esta lectura es profundamente errónea y peligrosa.

Por el contrario, aquellos que están en contra, se posicionan en el lugar de un constitucionalismo con requerimientos democráticos. Si como dijimos, es el congreso el encargado de aprobar el presupuesto, referenciada como la ley de leyes, es porque nuestra constitución busca que la mayor cantidad de actores se pongan de acuerdo en base a una discusión razonable, sobre un tema que lo considera por de más relevante.

El ideal democrático —una conversación entre iguales— se reduce en nuestra constitución bajo sistema representativo, donde a los representantes se les permite, prohíbe u obliga a actuar de cierto modo en determinadas circunstancias. Cuando la Constitución exige mayorías agravadas para tomar ciertas decisiones —como sucede, por ejemplo, con la designación de jueces de la Corte Suprema—, está indicando que se requieren altos niveles de consenso. El foco está en el procedimiento, y quienes valoramos este enfoque solemos recordar el ejemplo de John Rawls: quien corta la torta debe servirse al final. Esa es la forma de hacer que el acto sea lo más justo posible.

Todo esto ocurre en un contexto político alarmante. Hace apenas unos meses, el Poder Ejecutivo intentó designar por decreto —sin acuerdo del Senado— a dos jueces para integrar el máximo tribunal del país. Alegó, absurdamente, que el artículo 99, inciso 19, de la Constitución le otorga la facultad de cubrir vacantes durante el receso parlamentario. De haberse consolidado esta maniobra, habría abierto la posibilidad de que el Ejecutivo, cada año durante el receso legislativo, nombrara jueces de la Corte Suprema, el órgano encargado precisamente de controlar su poder.

El actual gobierno nacional ha demostrado que no le interesa discutir con lo que despectivamente llama “nido de ratas”. Ha hecho una renuncia explícita al Congreso. No le interesa gobernar con presupuesto porque eso implicaría someterse a la Constitución, respetar la división de poderes y sostener una vida democrática. Su camino ha sido, en cambio, la concentración del poder y el uso sistemático de la represión.

Como decía Alberdi, la Constitución es la carta de navegación de nuestro país. Y dentro de ella, el presupuesto es una ley fundamental.

Cuando la política afecta los procedimientos o las reglas del juego democrático, la interpretación debe ser rigurosa, observada con la máxima sospecha y bajo la presunción de inconstitucionalidad. Como decía Giovanni Gortari: “Lo que la democracia es, no puede estar separado de lo que la democracia debe ser”.

Prorrogar por decreto, por segundo año consecutivo, el presupuesto nacional fue inconstitucional. Y lo seguirá siendo.

Al diario: https://diarioelgobierno.ar/noticia/267-presupuesto-prorrogado-constitucion-suspendida

Deuda, dominación y ceguera democrática

Del ajuste al endeudamiento: la continuidad de un modelo que posterga la soberanía. 

¿De qué sirvió la motosierra, ajustarnos, el recorte del gasto público? ¿Dónde están las inversiones, o el camino hacia ellas, el trabajo? La inflación del mes de marzo ha aumentado, aunque creíamos que, con la amputación vivida, ya no volvería. En esa relación, los sueldos y las jubilaciones descendieron; pero, a pesar de todo, la nación Argentina en el mes de abril vuelve a pedir prestado al Fondo Monetario Internacional. Estas, son algunas de las declaraciones que circulan dentro del arco opositor.

Cuando hablan los técnicos, la probabilidad de confusión es grande. Gino Germani expone la paradoja de la democracia: la situación de ignorancia en la que se encuentra el ciudadano común respecto a la solución de los problemas de la política económica y financiera lo coloca en una condición de ceguera. Si la revolución democrática consistía en quitarle la venda al pueblo para que llegara a la luz, lo cierto es que la mayoría sigue con la venda puesta. Así, la acción de gobierno queda confiada a quienes “saben”, a los técnicos, a los expertos, sin posibilidad de control alguno. 

Ante esto, me interesa escribir sobre la deuda de la forma más clara posible, dirigida a lo que el sociólogo Alfred Schutz llamaría el ciudadano bien informado: un tipo ideal que se encuentra entre el experto y el hombre común. Para ello, me apoyaré principalmente en un artículo de Rodolfo Terragno, titulado “Deuda. El que toma prestado es siervo del que presta”, incluido en su libro Memorias del presente (1985). En ese texto se desprende una idea simple, si una nación necesita pedir prestado, hay una alta presunción de que algo no anda bien.

El autor inicia su análisis citando un proverbio bíblico: "El rico señorea sobre el pobre, y el que toma prestado es siervo del que presta". En un contexto de extrema desigualdad mundial, se vuelve sencillo determinar quién presta y quién pide.

Terragno continúa señalando que el sistema económico internacional ha entendido muy bien el mensaje de Dios: el prestamista domina al prestatario, inyectando dinero en los "pueblos elegidos" y sembrando necesidad en los "pueblos condenados".

Celso Furtado, economista brasileño citado por Terragno, sostiene que en el mundo existen dos tipos de naciones: las centrales (elegidas) y las periféricas (malditas). En su opinión, el endeudamiento de los países periféricos fue el instrumento que permitió la "transnacionalización de la economía", un objetivo estratégico de las grandes corporaciones. Esta estrategia buscaba homogeneizar los mercados nacionales, generando deseos de consumo similares entre poblaciones distintas, para luego dominarlas a través de productos idénticos. Es un resumen de la globalización. 

Permítanme el siguiente agregado. Beatriz Sarlo, en Escenas de la vida posmoderna (1994), señala que en oposición al paisaje tradicional del centro de la ciudad con todas sus extremidades, el “shopping” se presenta como una cápsula espacial diseñada por la estética del mercado. Según Sarlo, todos los shoppings son, en algún punto, idénticos: las mercancías refuerzan la uniformidad de un espacio sin cualidad. Así, si uno descendiera de Júpiter, solo el papel moneda y la lengua de vendedores, compradores y mirones permitirían identificar en qué país se encuentra.

Dado que las naciones periféricas contaban con estructuras productivas débiles y rezagadas, y con mercados internos de escasa capacidad para asimilar esos hábitos de consumo propios de los países desarrollados, la única forma de hacer viable la expansión fue, por un lado, inyectar dinero en sus economías, y por otro, promover la concentración de la renta en un sector reducido de la población. De este modo, se creó un microclima económico donde sí era posible reproducir patrones de consumo ilimitado, necesarios para la rápida expansión de las corporaciones.

Este modelo de (mal) desarrollo, injertado en las economías de los países periféricos, provoco nuevos desequilibrios. En la misma línea, Prebisch, en el primer informe de la CEPAL sobre “Los principales problemas de América Latina”, deja sentado su teoría en la que sugiere que el comercio internacional se organiza en torno a un intercambio que es desigual entre una periferia – países que se especializan en la extracción- y un centro – países que exportan bienes manufacturados-. En el tiempo, dice Prebisch, los precios de la materia prima disminuyen en relación a los precios de los bienes manufacturados; ello lleva a la necesidad por parte de los países periféricos a exportar más para mantener la misma cantidad de bienes importados, o a pedir prestado, muchas veces – a los fines de adquirir tecnología y maquinaria- para exportar más. Falta de industrialización, por una dedicación a la extracción, a su vez, por una necesidad en la recaudación. De cualquier forma, las elecciones son problemáticas.

Actualmente, el crédito es la preferencia ante cualquier alternativa que desarticule el orden económico internacional, y los acreedores, a pesar de sus lamentaciones, quieren seguir prestando. Lo que en verdad desean es seguir dominando.

Si bien el análisis hecho puede parecer generalizador, Furtado no niega la complejidad del asunto de la deuda latinoamericana. No obstante, destaca que el proceso de “internacionalización” y “endeudamiento” ha ocurrido tanto en economías en crecimiento como en otras que no, tanto en países importadores de petróleo (Brasil) como exportadores (Venezuela). Lo que si se repite es la existencia, en cada país deudor, de una “casta” asociada al acreedor. 

“Los Argentinos ya nos dimos cuenta que es imposible hacer una Argentina distinta con los mismos de siempre”; era una frase de campaña del año 2023. Sin embargo, detrás de esa frase venia el actual Ministro de Economía, que hoy nos insta a creer que, a pesar de repetir las mismas recetas, esta vez todo será distinto.  Como dijo Einstein: “Tonto es aquel que haciendo siempre lo mismo, espera resultados diferentes”. 

La casta a la que se refiere Terragno no solo intercambia favores y comisiones. También pertenece a una poderosa herejía que afirma que el rico debe señorear sobre el pobre, y unas naciones dominar a otras. Para eso, necesitan unidad entre los dominadores y división entre los dominados. Nunca dejo de recordar una frase de Zygmunt Bauman, en su libro La cultura en el mundo de la modernidad líquida (2013): "Cuando los pobres se pelean con los pobres, los ricos tienen todas las razones para frotarse las manos con alegría".

Los prestamistas actúan como si sus créditos fueran una bendición, y se indignan ante la “ingratitud” de los deudores. Pero el problema ya no es solo económico. Es político. Se trata de soberanía, uno de los conceptos fundantes de cualquier manual de ciencia política. Los gobiernos endeudados aplican políticas recesivas dictadas desde el extranjero, que afectan directamente la calidad de vida de su población. Ese, nos dicen, es el precio del “rescate”.

Hace unos días, la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, sugirió que los argentinos deberían votar por el oficialismo en las próximas elecciones legislativas. El nivel de ceguera democrática en el que estamos sumidos nos lleva a aceptar que alguien que nada sabe de nuestra nación, escudado en su saber técnico y con evidentes intereses geopolíticos, nos diga qué rumbo tomar.

Permítanme cerrar con un fragmento de la novela Ensayo sobre la lucidez, de José Saramago. En una conversación entre el Ministro del Interior y el Alcalde, tras unas elecciones en la ciudad en las que triunfa el voto en blanco, el Ministro pregunta: ¿Qué piensa entonces que deberíamos hacer?  Nada.  Por favor, querido Alcalde, no se le puede pedir a un gobierno que no haga nada en una situación como esta.  Permitame que le diga que en una situación como esta, un gobierno no gobierna, solo parece gobernar.

Link del diario: aquí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mismo espiral.

Red de lucha socioambientales de Salta

Como país estamos atravesando una situación por de más preocupante. En realidad, es el mismo espiral con un olor distinto. Tenemos un gobierno nacional que, lamentablemente para todos nosotros, desconoce cuáles son los cimientos de nuestro sistema constitucional y democrático. Bajo su prédica -vacía de contenido-, aludiendo a la vida, a la libertad, y a la seguridad, ha suprimido todo resto, destruyendo así una edificación –la modernidad abismal- que no se sostiene con un solo pilar.

El presidente actual se cree dueño de la nación y nos avergüenza por todo el mundo. Es como el padre que desatiende la autonomía de su hijo, y por ello lo avergüenza. Nuestro primer mandatario desautoriza a líderes nacionales en su propio territorio, burlándose grotescamente de sus instituciones, es decir, de su cultura. Niega nuestros compromisos internacionales en materia de derechos humanos, y nos insulta de lejos, llamándonos zurdos –despectivamente-, solo por no estar de acuerdo. Nadie le autorizo a eso, señor. No tiene derecho hacer lo que quiera impunemente y a su antojo, señor. Nuestra república no es un reinado, y no se admiten prerrogativas de sangre, ni de nacimiento. No hay fueros personales ni de nobleza. (art.16 CN). Por el contrario, se le imponen obligaciones, como la de pedir permiso al congreso para ausentarse del país (art. 75. Inc. 18).  Y mucho más, el cumplimiento de sus promesas[1].

Nos dijeron que venían para terminar con la casta y resulta ser, que no solo hacen política, con y por la casta, sino que peor aún, disfrazan la política con delitos de cohecho y tráfico de influencia, como lo sucedido con la senadora Neuquina; violando además la ley de ética pública. Todo en los populistas es extremo; ellos no conocen el centro. Ya lo vivimos con cierto Kirchnerismo.

Ante el ejercicio constitucional de protestas recientes por la ley bases, la fuerzas de seguridad nacional han detenido a más de una decena de personas que no han ejercido acto alguno de violencia –según varias fuentes-, imputándolos de delitos contra el orden constitucional y la vida democrática, convirtiéndolos en terroristas bajo un supuesto intento de golpe de estado. Lo sorprendente de esto es que nuestro representante de estado, semanas atrás, había dicho ser un topo cuya función era destruir al estado desde adentro. ¿No será eso un golpe de estado? Es una locura, pero ¿un golpe de estado en estos tiempos donde la democracia ya no sucumbe de afuera sino de adentro? ¿No tendremos derechos los ciudadanos a resistir esos actos tal como lo expresa el art. 29 de la CN?

Mientras sigue este show, que ya dejo de atraer hace rato, en el boletín oficial el 10 de junio salió la Resolución 499/2024 del Ministerio de Seguridad Nacional, que permite blindar a los territorios del extractivismo ante cualquier resistencia social. Celebran empresas mineras como Elevado Gold, que violan el territorio ancestral de pueblos indígenas protegidos por nuestra constitución nacional (75. Inc. 17) en la provincia de Catamarca[2]. Otra vez, la brutal ignorancia y mala educación. 

---

[1] https://www.lanacion.com.ar/opinion/la-democracia-argentina-atraviesa-un-momento-muy-dificil-nid18062024/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR2SQOYANBZXUH-N0jSIjI9BeRKsberRzH3JRcGRiV57Zri28mSdPe9cblU_aem_ZmFrZWR1bW15MTZieXRlcw

[2] https://www.eldiarioar.com/opinion/disciplinamiento-excepcion-argentina-milei_129_11455295.html

.

Feriantes

Holoceno (estabilidad climática).

Antropoceno (desestabilidad climática)

Consumo por encima del nivel de producción del mundo.

Un yanqui promedio necesita dos mundos y la mitad de otro para abastecerse.

El problema de la basura en el mundo, o casi en todo el mundo para ser correcto (los nórdicos la tiene re clara; parece).

En nuestro país existen basurales a cielo abierto multiplicado por dos en el número de municipios.

El 80 % de la basura no se recicla.

El 20 restante se arriba en los carros de cartoneros que por supuesto yo ni siquiera los veo. “Los verdaderos ambientalistas”.

No sé si te diste cuenta pero en el periodo que no funcionaron los bancos “no paso nada”. Si los recolectores de basuras no funcionan no pasaría lo mismo.  Nadie puede vivir con la basura hasta el cogote; ¿el olor de quien importa más entonces?

                         

El 80 % de la emisión de gases se escapa de los mismos pocos lugares de siempre.  El “desarrollo- sustentable” podría ser una mentira en sí, una dicotomía (aunque los paneles solares no lo son). Pero podríamos pedirle a aquellos que se jueguen con lo sustentable por un rato y nos dejen a nosotros el desarrollo, asi por lo menos experimentamos.  

Esto es una cuestión política. Se trata más de la protesta a los que están arriba y más  arriba, que de no comer carne. Aunque creer que el “poder político”, inspirado por los propietarios y capitalistas, van a realizar una reforma fatalista a sus privilegios es bastante tonto. Seria aceptar el suicidio de la clase dominante. Eso sería ilógico; de locos. Y los locos no están bien vistos. Tampoco los suicidas.

Entonces… te quedaría no comer carne, andar en bicicleta, no tirar el pucho a la calle, plantar un árbol, y otras "cosmetologías".

No es raro que en nuestro país se haya habilitado la minería y no se haya habilitado el congreso. A quién le importa los diputados y senadores, si total solo votamos a un presidente; “nuestro héroe”. La democracia y la república no sirven de nada si en una emergencia no se la utiliza; a si como no serviría de nada el protocolo de fuga si cuando se incendia el edificio todos salimos corriendo, pisando cabezas.   

La aceptación de la sociedad mayoritaria a los gobernantes y sus políticas en este tiempo de virus (que para algunos fue premeditado, para otros consecuencia de la vida misma y para otros, las dos cosas) nos demuestra el peligroso afán de la seguridad por sobre la libertad. (Control en las redes; mayores de 70; fajas en las casas; policías en los espacios públicos; indiferenciar lo público y privado; concentración del poder).  Además de mostrar que cuando  a uno mismo le empieza a ajustar el zapato es recién cuando reacciona. “Los demás que se mueran”.

Cuanto más crisis más poesía. La Constitución no es poesía. No es un mero papel con oraciones bonitas. La Constitución son hombres y mujeres que claman y aplican su contenido cuyo fin último es la libertad y la dignidad del hombre. Y para llegar a ese fin hay que tomar los caminos que ella misma señala. 

A propósito de aplicarla. "La justicia de feria y la comunidad jurídica de feriante".