Inicialmente
diría lo siguiente: entiendo a la universidad pública como una institución que
motoriza el proceso político. ¿A qué me refiero con esto? Como señala Norbert
Lechner (2008), si aceptamos que la sociedad es una construcción histórica y no
un orden natural, entonces la política no puede ser entendida como algo
externo, sino como algo que se encuentra en el centro mismo de la vida pública.
La política es deliberación sobre el futuro de la humanidad. Su práctica se
revela como una conversación entre sujetos involucrados en un destino
compartido, pero también como una forma de reconocernos mutuamente como parte
de una identidad colectiva, de una comunidad política. Es así que una de los
propósitos elementales de la universidad pública consiste en revitalizar lo
común.
El
bien común es, en parte, aquello que el artículo 3 de la Ley de Educación
Superior expresa cuando establece entre sus finalidades la de “desarrollar las
actitudes y valores que requiere la formación de personas responsables, con
conciencia ética y solidaria, reflexivas, críticas, capaces de mejorar la
calidad de vida, consolidar el respeto al medio ambiente, a las instituciones
de la República y a la vigencia del orden democrático”.
En
un contexto en el que las universidades públicas están siendo fuertemente
atacadas y desfinanciadas por el Estado nacional, me propongo abordar
brevemente una de las funciones sustantivas de la universidad pública: la
extensión. Entiendo que defender la extensión supone defender una determinada
idea de universidad y, al mismo tiempo, una determinada concepción de la
democracia. Tommasino (2016) permite esbozar una noción de extensión entendida
como un proceso de construcción colectiva de conocimientos, basado en el diálogo
horizontal entre saberes académicos —producidos en la universidad— y saberes
populares —producidos en la sociedad—, orientado a la transformación social.
Por
ello, considero que quienes formamos parte de las instituciones universitarias,
y particularmente quienes ejercemos la docencia, encontramos en la extensión
una herramienta valiosísima. Si partimos de una conceptualización de los
derechos como hijos de la democracia, es decir, como aquellas condiciones
necesarias para que los sujetos puedan ejercer plenamente su autonomía y
participar de la deliberación colectiva, la distribución del conocimiento en el
espacio público se vuelve fundamental. Las universidades tienen allí otro
propósito elemental: revitalizar lo común mediante la producción, circulación y
distribución del conocimiento en el espacio público.
Resulta
particularmente sugerente lo que Owen Fiss (2008) denomina la necesidad de un
sistema educativo informal que acompañe a las personas durante toda su vida y
les permita acceder a información relevante para construir procesos de
autonomía personal. Los cines, las revistas, los teatros, los centros
culturales y las librerías independientes constituyen espacios necesarios para
la vida democrática. Es precisamente aquí donde la extensión universitaria
encuentra una de sus principales justificaciones.
Mediante
los proyectos extensionistas, la universidad pública se incorpora activamente a
ese sistema educativo informal indispensable para la democracia. Sale de las
aulas, desplaza el conocimiento hacia el espacio público y construye ámbitos
abiertos de encuentro, reflexión y producción colectiva de sentidos. La
extensión permite, así, que la universidad no permanezca encerrada sobre sí
misma, sino que dialogue con los problemas, saberes, experiencias y necesidades
de la comunidad de la que forma parte.
Las
universidades públicas encuentran en el derecho constitucional a enseñar y
aprender —reconocido en el artículo 14 de la Constitución Nacional— uno de sus
faros más luminosos. La extensión representa una forma particular de garantizar
ese derecho, ampliando las posibilidades de acceso al conocimiento y
vinculándolo con el derecho a participar de la vida cultural, reconocido en el
artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales.
En
un mundo que, como describe Berardi (2024), se caracteriza por una
intensificación extrema de la productividad y de la explotación de las energías
mentales, entender lo que nos sucede se vuelve crucial para saber qué hacer. La
extensión universitaria aparece, entonces, como una práctica de democratización
del conocimiento y, al mismo tiempo, como una estrategia de fortalecimiento del
espacio público.
Defender
la extensión es defender una universidad que se piensa como una institución
fundamental para la vida democrática de una sociedad. Una universidad que sale
de sus aulas y abre sus puertas; que insta a la participación y a la
deliberación; que habilita conversaciones capaces de crear las condiciones
necesarias para pensar y tomar mejores decisiones. En definitiva, una
universidad que contribuye a que podamos ser más libres, en igualdad.
