En defensa de la extensión universitaria

 

Inicialmente diría lo siguiente: entiendo a la universidad pública como una institución que motoriza el proceso político. ¿A qué me refiero con esto? Como señala Norbert Lechner (2008), si aceptamos que la sociedad es una construcción histórica y no un orden natural, entonces la política no puede ser entendida como algo externo, sino como algo que se encuentra en el centro mismo de la vida pública. La política es deliberación sobre el futuro de la humanidad. Su práctica se revela como una conversación entre sujetos involucrados en un destino compartido, pero también como una forma de reconocernos mutuamente como parte de una identidad colectiva, de una comunidad política. Es así que una de los propósitos elementales de la universidad pública consiste en revitalizar lo común.

El bien común es, en parte, aquello que el artículo 3 de la Ley de Educación Superior expresa cuando establece entre sus finalidades la de “desarrollar las actitudes y valores que requiere la formación de personas responsables, con conciencia ética y solidaria, reflexivas, críticas, capaces de mejorar la calidad de vida, consolidar el respeto al medio ambiente, a las instituciones de la República y a la vigencia del orden democrático”.

En un contexto en el que las universidades públicas están siendo fuertemente atacadas y desfinanciadas por el Estado nacional, me propongo abordar brevemente una de las funciones sustantivas de la universidad pública: la extensión. Entiendo que defender la extensión supone defender una determinada idea de universidad y, al mismo tiempo, una determinada concepción de la democracia. Tommasino (2016) permite esbozar una noción de extensión entendida como un proceso de construcción colectiva de conocimientos, basado en el diálogo horizontal entre saberes académicos —producidos en la universidad— y saberes populares —producidos en la sociedad—, orientado a la transformación social.

Por ello, considero que quienes formamos parte de las instituciones universitarias, y particularmente quienes ejercemos la docencia, encontramos en la extensión una herramienta valiosísima. Si partimos de una conceptualización de los derechos como hijos de la democracia, es decir, como aquellas condiciones necesarias para que los sujetos puedan ejercer plenamente su autonomía y participar de la deliberación colectiva, la distribución del conocimiento en el espacio público se vuelve fundamental. Las universidades tienen allí otro propósito elemental: revitalizar lo común mediante la producción, circulación y distribución del conocimiento en el espacio público.

Resulta particularmente sugerente lo que Owen Fiss (2008) denomina la necesidad de un sistema educativo informal que acompañe a las personas durante toda su vida y les permita acceder a información relevante para construir procesos de autonomía personal. Los cines, las revistas, los teatros, los centros culturales y las librerías independientes constituyen espacios necesarios para la vida democrática. Es precisamente aquí donde la extensión universitaria encuentra una de sus principales justificaciones.

Mediante los proyectos extensionistas, la universidad pública se incorpora activamente a ese sistema educativo informal indispensable para la democracia. Sale de las aulas, desplaza el conocimiento hacia el espacio público y construye ámbitos abiertos de encuentro, reflexión y producción colectiva de sentidos. La extensión permite, así, que la universidad no permanezca encerrada sobre sí misma, sino que dialogue con los problemas, saberes, experiencias y necesidades de la comunidad de la que forma parte.

Las universidades públicas encuentran en el derecho constitucional a enseñar y aprender —reconocido en el artículo 14 de la Constitución Nacional— uno de sus faros más luminosos. La extensión representa una forma particular de garantizar ese derecho, ampliando las posibilidades de acceso al conocimiento y vinculándolo con el derecho a participar de la vida cultural, reconocido en el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

En un mundo que, como describe Berardi (2024), se caracteriza por una intensificación extrema de la productividad y de la explotación de las energías mentales, entender lo que nos sucede se vuelve crucial para saber qué hacer. La extensión universitaria aparece, entonces, como una práctica de democratización del conocimiento y, al mismo tiempo, como una estrategia de fortalecimiento del espacio público.

Defender la extensión es defender una universidad que se piensa como una institución fundamental para la vida democrática de una sociedad. Una universidad que sale de sus aulas y abre sus puertas; que insta a la participación y a la deliberación; que habilita conversaciones capaces de crear las condiciones necesarias para pensar y tomar mejores decisiones. En definitiva, una universidad que contribuye a que podamos ser más libres, en igualdad.