lunes, 6 de julio de 2026
viernes, 3 de julio de 2026
Primera actividad en el marco del proyecto de extensión Objetivo 26; Producción de Pensamiento y Acción Colectiva.
La otra agenda. Junto a La Rastrojera Tv.
La vida es algo tan grande, tan difícil de sostener con las manos, que a veces -o casi siempre- solo queda bailar. Y ahí, bailando, uno siente algo, que al menos por un momento, cree que es la vida.
Iniciamos
un poco pasadas las 18 horas. Lentos. Viendo que teníamos para decir.
La conversación
abrió muchos frentes; el poder judicial misionero, la tierra, los recursos
naturales en general -seguramente tendríamos que volver a juntarnos a discutir
la extranjerización de nuestro territorio-; el trabajo, la precarización generalizada,
la rotura del tejido social. Se está viniendo una discusión por el sistema
electoral nacional de la que deberíamos estar atentos. Son tantas cosas que no
podemos estar des unidos.
El panel
estuvo integrado por Alicia Rivas, de Otro Aire Universidad; Florencia Bueno,
de Mandioca; y Diego Bogarin de Caíco. Se hizo una breve introducción de la
actividad, se agradeció el compromiso de participar, y me interesó mencionar
que esta actividad, al menos en lo que a mí respecta, era el fruto de otra desarrollado
a fines de mayo en la Biblioteca Popular, denominada Sembramos a Raymundo. Aquella era por el día del documentalista
Argentino: esta, realizada el 29 de junio, por el día nacional del camarógrafo.
Nicolás
Amadio, de La Rastrojera Tv, quien organizo aquello junto con otras
personalidades, también estuvo al frente de esta.
Abro paréntesis.
Con Nico
nos encontramos de causalidad en el paseo la terminal. Era una tarde noche de
un día fresco, que no me acuerdo cual fue. Él estaba con su mate y yo con mi
bicicleta. Creo que ambos fuimos atraídos por el ensayo de bailes
tradicionales que se desarrollaban en el escenario de aquel lugar. Puede
decirse que la cultura nos juntó.
-Yo decía
al inicio de la actividad: esto es democracia cultural, porque la democracia
exige información y eso es cultura-.
Con Nico hablamos
bastante en poco tiempo. Me conto de las actividades que se venían desplegando
en la facultad por el mes del periodista; y como no puede ser de otra manera,
las criticamos bastante. Me dijo que quería hacer algo para mover un poco, o
moverse él, nose, y que también quería salir de la universidad con la universidad
a su lado. Yo le dije que quería hacer lo mismo; y le hable brevemente de un
proyecto de extensión que tiene nombre de productora de eventos.
Dias después le envié un mensaje diciendo que quería exhibir el documental “Aunque
me cueste la vida”. ¿El motivo? el día nacional del camarógrafo, celebrado el
29 de junio, en memoria de la muerte Leonardo Henrichsen. Leonardo es una
figura invisibilizado por el poder real. Yo lo conocí en Sembramos a Raymundo; lo
que correspondía que sea Nico quien lo presentara si él quisiese. Le pregunte.
Me dijo que sí, y le explique algunas cosas. Ahí no más me propone “La otra
agenda”, le digo que sí y me explica unas cosas. Al rato teníamos gacetilla.
Cierro
paréntesis.
Realmente estoy
muy agradecido por lo expuesto. Los ejes que eligió Nico me parecieron
pertinentes y la conversación tuvo un buen tono por la calidad del contenido desarrollado
por el panel. Me interesaría recalcar algunas cosas que anote cuando ya me
cambie de lugar.
Me pareció
que la ética periodística envolvió toda la conversación –me encanto-; el para
qué hacemos esto. También, los medios para llegar a audiencias y el compromiso
de aquellas audiencias con los medios. La construcción de la agenda y la
construcción de la notica. Las fuentes periodísticas y el siempre problema tan
complejo del financiamiento; tema escabroso para todos aquellos que no
entienden la comunicación como un negocio. Yo quise detenerme ahí, porque salió
la discusión de la pauta pública y privada. Seguramente la privada tendrá
varios problemas, ej. los altos niveles de concentración; pero sobre todo, mencionaría
la condena que les pesa por cierto tipo de condicionamiento a la libertad del
contenido a difundir.
En cambio,
el Estado tiene la obligación de garantizar derechos; es este, el que no solo
debe entender la libertad de prensa como la “no” intromisión, sino también, con
la obligación de crear condiciones para lograr una pluralidad de voces. Y aquellas
voces que más critican, con responsabilidad social al poder político, son
aquellas que más protección tienen. Por qué tiene que quedar claro; el gobierno
no es el Estado; y la libertad es negativa, pero también es positiva.
También
nosotros, en este SUM de una facultad pública somos el Estado. Nuevamente, la Universidad
Publica demostrando ser el espacio propicio, el de la civilidad, aquello que Susana Villavicencio –profesora de ciencia
política- lo define como aquel espacio propenso a la creación de ciudadanía,
a la de un sujeto con autonomía. Me quede pensado lo que propuso Alicia sobre
la idea que esto no era la otra agenda, sino que era la nuestra, me parece,
humildemente, que la cosa va por ahí. Termino con esto, o empiezo.
La
democracia requiere educación constante. Cuando la educación formal (llámese
escuela, o universidad) se termina; inicia la educación informal. Así la cosa,
los medios de comunicación tienen la gran tarea de garantizar el derecho a la
libertad de expresión en sentido pasivo, es decir, el acceso a la información. Volví
a lo mismo.
Dejo los
link que te llevaran a cada uno de los medios de comunicación que participaron
del encuentro.
Al final,
un relato de experiencia corto de Diego Pérez; profesor de historia, estudiante
de trabajo social, e integrante del proyecto de extensión.
Muchísimas
gracias a los/as que estuvieron.
Otro Aire.
FM Universidad: https://www.youtube.com/@otroairefmuniversidad1902
Mandioca: https://mandioca.ar/
Caíco: https://caicoperiodismo.ar/
La grabación
de la actividad en el canal de La Rastrojera Tv aquí: https://www.youtube.com/watch?v=nuMtkphPUsA&t=142s
Gracias al
sector de comunicación y extensión de la FHyCS de la UNaM. Al área técnica.
domingo, 28 de junio de 2026
La Otra Agenda. Conversatorio y exhibición de Cine.
La otra agenda: comunicación en disputa. ¿Quién cuenta la historia?
En el
marco del mes del Periodista, el proyecto de extensión OBJETIVO 26:
Producción de Pensamiento y Acción Colectiva, junto a La Rastrojera TV,
invita a participar de una jornada abierta de reflexión, debate y cultura en
torno al periodismo, la libertad de expresión y la memoria histórica colectiva.
El 29
de junio en el SUM de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (UNaM)
18:00
hs. | Conversatorio: "La otra agenda"
Un espacio
de intercambio con comunicadores y comunicadoras de medios independientes y
alternativos para debatir sobre la construcción de nuevas agendas informativas,
los desafíos actuales del periodismo independiente y las formas de comunicación
que se desarrollan por fuera de los grandes circuitos del mercado.
20:00
hs. | Proyección del documental "Aunque me cueste la vida" de Silvia
Maturana y Pablo Navarro Espejo
El
documental reconstruye la historia de Leonardo Henrichsen, camarógrafo
argentino asesinado en Chile el 29 de junio de 1973 mientras registraba con su
cámara los acontecimientos que anticiparon el golpe de Estado contra Salvador
Allende. En un hecho único en la historia del periodismo, Henrichsen logró
filmar el instante en que era alcanzado por los disparos de una patrulla
militar, dejando un testimonio que se convirtió en símbolo del compromiso con
la verdad y la memoria.
La jornada
incluirá además una muestra de libros y fotografías vinculados a la temática, una
intervención musical con canciones de protesta y un espacio de diálogo con el
público al finalizar la proyección.
En el Día Nacional del Camarógrafo Argentino,
nos proponemos pensar crítica y colectivamente el lugar del periodismo, la
libertad de expresión y el compromiso de quienes cuentan la historia.
Atentamente.
En una mesa estarán expuestas las fotografías de Chas Gerretsen, fotoperiodista neerlandés que capturo momentos de la nacion chilena entre 1973 - 1974.
jueves, 25 de junio de 2026
lunes, 22 de junio de 2026
Biciclet Era de Luciana
Para que esto sea serio tengo que dar un dato estadístico. Ahí va. En el año 2024, la Defensoría de la ciudad de Posadas hizo un relevamiento que demostró que más del 70% de los usuarios del colectivo estaban insatisfechos con el servicio prestado por la empresa. De ellos, más del 60% estaba dispuesto a cambiar de medio de movilidad urbana. Atención, acá viene el dato: solo el 18% eligió la bicicleta como opción alternativa. Esto me permite, a mí, darme una excusa para empezar a hablar de la bicicleta como un objeto que carece de fisuras.
La bicicleta puede ser algo que represente todo lo bueno:
salud, cultura, educación, no dañar al otro, ocupar menos espacio, hacer la
vida más lenta, otro ritmo, más territorio. Estar del lado de la bicicleta
puede ser estar del lado de todo lo bueno. La bicicleta es puro derecho, es
pura igualdad. Es el medio de transporte más democrático, pero, sobre todo, el
más estético, porque vemos cuerpos y no máquinas frías, sin sentido. Entonces,
el dato anterior puede transformarse en la eventual afirmación de que no la usamos
porque la ciudad no garantiza su uso.
Entiendo que algo de esto apunta la muestra de Luciana
Passerini: ser una excusa para conversar. La arquitecta y fotógrafa expone Bicicletera
desde el 12 de junio en Imprimí Deseo, una galería dedicada al arte y al
diseño en la ciudad. El espacio, de Patricio Diblasi, según observé, puede sostener
contenido de esta talla. El 20 se proyectó Nuestra Tierra, de Lucrecia
Martel, en el marco de la actividad muestraria. Se promete un conversatorio de
eje urbanístico y algunos talleres sobre reparación. Este miércoles, desde las
18 hs., la autora estará guiando su propia obra. Vayamos todos en bici.
Nota completa de Café Azar, con más información.
viernes, 5 de junio de 2026
“Sembramos a Raymundo”, presentado en Posadas por la cátedra de Comunicación Audiovisual de la FHyCS de la UNaM
El miércoles 27 de mayo de 2026, en la Biblioteca Popular de Posadas, se proyectó un documental sobre Raymundo Gleyzer. La actividad se realizó en el marco de la conmemoración de los cincuenta años de su desaparición, ocurrida al inicio de la última dictadura cívico-militar en nuestro pais. Además, la fecha remite al Día del Documentalista, celebrado en homenaje a su figura.
Para mi conocerlo fue un placer.
La propuesta, tal como fue presentada, consistía en sembrar alguna semilla en un posible territorio fértil: barrios, ciudades, regiones. Era una forma de expresar una idea dicha que quedo latiendo durante el encuentro: la muerte mata, pero la memoria vence.
En cincuenta (50) salas de todo el país estaba sucediendo lo mismo al mismo tiempo. Todas conectadas por una misma usina. En este caso, la usina era una persona cuya obra y acción pública trascendieron su propia biografía para convertirse en patrimonio colectivo.
"Nosotros no hacemos films para morir, sino para vivir, para vivir mejor. Y si se nos va la vida en ello, vendrán otros que continuarán..." (Raymundo Gleyzer, 1974)
La actividad nació de la articulación, según anunciaba el afiche, entre el Foro Audiovisual PBA, la Red Argentina de Documentalistas, la cátedra de Comunicación Audiovisual de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNaM y el medio de comunicación la Rastrojera TV. La presentación se realizó en el marco de una clase abierta brindada en el mismo espacio de la proyección: la Biblioteca.
Me interesa detenerme, aunque sea brevemente, en una institución fundamental para una sociedad democratica: la universidad pública. Con actividades como esta vuelve a reivindicar una de sus funciones esenciales. Garantizar el acceso a la educación y a la cultura; el derecho a aprender y enseñar; el derecho a la expresión, al pensamiento y a la posibilidad de proyectarnos como individuos.
Uno se siente un poco más tranquilo cuando encuentra este tipo de propuestas en el espacio público. Al mismo tiempo, son experiencias que movilizan; te alteran. Te energizan para seguir viviendo, para seguir pensando y luchando.
Lo que quiero es simplemente dejar asentadas algunas anotaciones que realicé durante la segunda parte de este encuentro, es decir, durante la presentación y la proyección del documental Raymundo, de Virna Molina y Ernesto Ardito, que se encuentra disponible en Cinema Argentino.
También dejo una nota de Página/12 publicada con motivo de su figura y de esta actividad federal. https://www.pagina12.com.ar/2026/05/22/sembrando-a-raymundo/
Apuntes durante la proyección
Que no haya estado la juventud en la proyección es una frase para abrir el debate.
Durante la presentación aparecieron referencias al neorrealismo italiano.
Se mencionó al primer instituto audiovisual —entonces de cine— en la década de 1960, asentado en lo que fue la Sala Tempo de la ciudad de Posadas.
Entre los tantos directores mencionados estuvieron Fernando Birri, Nemesio Juárez y Cedrón.
Al hablar de Raymundo Gleyzer y del cine político latinoamericano surgieron referencias a las películas Los caminos de la liberación (1969), Ya es tiempo de violencia (1969) y La tierra quema (1964), este ultimo, el primer documental de Gleyzer.
También se recordó el Primer Festival de Cine Latinoamericano de Viña del Mar, realizado en Chile durante la década de 1960.
Apareció reiteradamente la mención de un cine que llegue a la gente, un cine del pueblo para el pueblo, el cine como lucha. En ese marco se hizo referencia al Grupo Cine de la Base.
Otros nombres que surgieron durante la conversación fueron Leonardo Henrichsen —quien filmó su propia muerte durante los acontecimientos políticos en Chile—, el discurso de Salvador Allende, Haroldo Conti, Rodolfo Ortega Peña -abogado combativo- y Rodolfo Walsh.
Apenas algunas notas.
Muy agredecido.
viernes, 15 de mayo de 2026
La creación de municipios en la provincia de Misiones. Caso El Soberbio.
La
situación surge ante el inminente debate que tendrá la Cámara de Representantes
de la provincia de Misiones respecto de la creación del municipio N.º 80,
denominado Mocona. Desde el gobierno provincial, la creación de nuevos
municipios es presentada como una política de Estado que, en mayor o menor
medida, busca acercar las instituciones públicas a la ciudadanía.
A
partir de ello, y frente a la pregunta acerca de si debería realizarse una
consulta popular a los habitantes del municipio que vería alterado parte de su
territorio, se me ocurren algunas reflexiones. Primero, desde una mirada del
derecho como norma; luego, brevemente, desde una concepción de los derechos
como parte esencial de la democracia.
La
Constitución Nacional, en su artículo 5, establece que las provincias podrán
dictar sus propias constituciones siempre que aseguren su régimen municipal. En
la misma línea, el artículo 123 dispone que cada provincia asegura la autonomía
municipal, reglándose su alcance y contenido.
La
Constitución de la provincia de Misiones —en sintonía con ello— determina en la
sección “Municipios”, particularmente en su artículo 161, que: “El municipio
gozará de autonomía política, administrativa y financiera, ejerciendo sus
funciones con independencia de todo otro poder”. Asimismo, el artículo 165
reconoce a los electores municipales el derecho a la iniciativa, al referéndum
y a la destitución; mientras que el artículo siguiente establece que los
conflictos entre los municipios y la Provincia serán resueltos por el Superior
Tribunal de Justicia. En esa misma sección también se prevén las causales de
intervención provincial sobre los municipios.
Por
su parte, la Ley Provincial XV N.º 5 (Ley Orgánica de Municipalidades), vigente
desde hace ya varias décadas, dispone en su artículo 5 que los municipios de
primera categoría —aquellos que superen los 10.000 habitantes— podrán dictar su
propia carta orgánica y regirse por ella. Cabe aclarar que la carta orgánica
constituye la norma de mayor jerarquía dentro del ordenamiento municipal.
La
Carta Orgánica de El Soberbio, sancionada en el año 1990, establece que: “El
Municipio es autónomo en el ejercicio de sus funciones políticas,
administrativas y financieras, goza de personería jurídica constitucional y se
organiza a fin de satisfacer las necesidades de la población”. Asimismo, a
partir de su artículo 86 enumera una serie de derechos populares, entre ellos
la revocatoria, la iniciativa y el referéndum.
Frente
a todo lo expuesto, vale la pena detenerse en la idea de “autonomía municipal”.
No me interesa aquí realizar un análisis jurisprudencial. Lo que sí diría es
que la autonomía política nace de la idea de una soberanía popular que ejerce
el poder a través de sus representantes. Es decir, la autonomía es, antes que
nada, del individuo —del ciudadano del municipio— y recién desde allí, a través
del gobierno y de las instituciones, se proyecta hacia la autonomía municipal política
y administrativa.
La
democracia, entendida como un procedimiento mediante el cual todos los
potencialmente afectados por una decisión deben poder deliberar sobre ella en
condiciones de igualdad y con acceso a información relevante, nos exige prestar
especial atención a la creación y aplicación de mecanismos institucionales
capaces de hacer efectivo ese ideal. Desde esta perspectiva, la democracia
como representación debe ser entendida simplemente como un proceso de
suplantación valido. Un mal necesario para la toma de decisiones en el ámbito
público.
Como
dije, parto de una concepción que entiende a los derechos como parte esencial
de la democracia. En este caso puntual, tanto la Constitución provincial como
la Carta Orgánica de El Soberbio no solo no se oponen al ideal democrático anteriormente
expuesto, sino que, por el contrario, parecen señalar un camino posible
mediante el reconocimiento de mecanismos de democracia semidirecta, como la
consulta popular, el referéndum y la iniciativa.
La
creación de un nuevo municipio sobre el territorio de otro no puede resolverse
sin un debate amplio, robusto y deliberativo de todos los actores sociales
involucrados. Deberíamos preguntarnos seriamente si las demandas sociales
existentes no podrían ser atendidas mediante mejores políticas públicas, sin
necesidad de avanzar en la creación de una nueva estructura burocrática. Lo que
está en juego son recursos públicos y la propia configuración de una comunidad
política. Pero sobre todo, nuestra más relevante noción de autonomía. Ello
exige, necesariamente, instancias de participación e intervención ciudadana.
Diría
entonces que la consulta popular, junto con otros canales institucionales de
participación, no surge aquí tanto como una imposición explícita del derecho
positivo, sino como una exigencia inherente al principio democrático.
lunes, 11 de mayo de 2026
Cuando el propio Estado se vuelve ilegal ¿Qué hacer?
Estamos viviendo una alarmante y progresiva reducción de derechos. En este sentido, lo que sucede con el financiamiento de las universidades públicas se ha convertido en una verdadera broma de mal gusto que, por momentos, nos deja perplejos. El derrotero que observamos —con un gobierno nacional que gana tiempo escalando instancias judiciales mientras incumple la ley— refuerza esa sensación.
Los derechos reconocidos y garantizados por nuestra Constitución Nacional no pueden quedar subordinados a una idea tan vacía como la del equilibrio fiscal. Cualquier esquema económico solo resulta válido si se somete a las fuertes garantías y exigencias sociales y económicas que nuestra Constitución establece desde hace tiempo.
Las universidades públicas se encuentran cerca de un 45 % por debajo en los niveles de transferencia de fondos, lo que afecta no solo los salarios y las becas estudiantiles, sino que también genera serias dificultades para sostener actividades de investigación, la organización de congresos y las tareas de extensión. Poco a poco, lo que están logrando es romper vínculos y convertir a la universidad en un espacio raquítico para el pensamiento crítico.
No podemos permitir que un grupo de ignorantes y resentidos sociales nos haga callar en nuestra prédica por los derechos humanos. También podemos advertir, sin demasiado esfuerzo, que el Poder Judicial, como garante formal de los derechos, ha fallado frente a la situación que nos toca atravesar.
Cabe preguntarse entonces, qué puede hacerse ante este escenario. Me animaría a esbozar una respuesta. Algunos constitucionalistas hablan de medios informales de garantía de derechos. Entre ellos se encuentran el derecho a la protesta en su máxima expresión; la no cooperación —particularmente relevante para las fuerzas de seguridad—; la desobediencia civil; el derecho a la resistencia y, en última instancia, la rebelión. Todas estas medidas adquieren una legitimidad singular cuando es el propio Estado el que se vuelve ilegal.
Imagen publicada en: https://www.infobae.com/cultura/2023/10/05/fui-vi-y-escribi-mas-sabios-que-yo/
domingo, 3 de mayo de 2026
Proyecto PaIsaje
Un proyecto que busca documentar la vulneración del derecho al paisaje en la ciudad de Posadas.
Se parte de la idea que dicha práctica forma parte de un modelo que produce
encerramiento mental y alteración de identidad.
Ubicación: Mirador Calle Salta. Aquí
lunes, 6 de abril de 2026
Noche de Literatura; El Mayo Frances
El sábado 28 se llevó adelante el cierre del ciclo Noche de literatura en LT, una propuesta que, desde Alejandra Pizarnik hasta Charles Baudelaire, fue trazando un recorrido entre el simbolismo y el surrealismo, con la ciudad de París como telón de fondo.
El encuentro final estuvo dedicado al Mayo Francés de 1968. La exposición situó el acontecimiento en el contexto mundial de los años 60: la guerra de Vietnam, la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, la Revolución Cubana y la Revolución China, entre otros procesos que marcaron la época. Desde allí, se reflexionó sobre el Mayo Francés como un movimiento que se inicia en el ámbito universitario en búsqueda de libertades individuales y que luego se expande hacia los trabajadores, alcanzando una dimensión popular y masiva.
La conversación giró en torno a la necesidad del acceso a la educación como condición para pensar nociones como resistencia y rebelión, y se propuso leer las consignas surrealistas también como consignas políticas. En ese marco, la lectura de fragmentos del Manifiesto surrealista de André Breton nos permitió pensar sobre los límites de la razón.
"El surrealismo es la escritura automática, es la
escritura dictada por el pensamiento, en ausencia de todo control ejercido por
la razón, fuera de toda preocupación estética o moral. El surrealismo es la
liberación de la palabra, de la imagen, de la idea, de la emoción, de la
sensación, de la intuición, de la pasión, de la locura, de la sinrazón, de la
sinestesia, de la sinfonía, de la sinapsis, de la sincría, de la sincrónica, de
la sincronía, de la sintergía, de la sintropía, de la sintaxia, de la sintonía,
de la sintropía, de la sintonía, de la sintonía, de la sintonía, de la
sintonía..."
(Manifiesto Surrealista, 1924, p. 332)
A su vez, se abordó la justificación de la rebelión desde una perspectiva contractualista del poder político. Retomando a John Locke, se reflexionó sobre la relación entre sociedad y gobierno, entre mando y obediencia, a partir de los principios de confianza y responsabilidad: una confianza depositada por la ciudadanía y una responsabilidad exigible a las autoridades. En este marco, si el gobierno incumple el pacto para el cual le fue conferida la autoridad, la sociedad —a través de un consenso mayoritario— puede disolverlo legítimamente. En ese punto, la garantía del derecho retorna a los individuos, quienes recuperan su facultad de resistir y rebelarse.
En paralelo, se expusieron fotografías de Bruno Barbey sobre el Mayo Francés, con las que se armó un pizarrón a modo de postal temática. También hubo proyecciones de afiches, frases e imágenes de la ciudad, que acompañaron el clima de la jornada.
Así pasó el primer ciclo de Noche de literatura en LT; un espacio de lectura, conversación y encuentro.
Gracias a los que formaron parte.
martes, 31 de marzo de 2026
La Justicia exige al Ejecutivo el cumplimiento inmediato de la ley de financiamiento universitario
Hace unos días, un juez del fuero laboral hizo lugar a un pedido de la central obrera y suspendió 82 artículos de la reforma laboral. Hoy, la Cámara Contencioso Administrativo Federal ratificó una sentencia de primera instancia en lo que respecta al financiamiento universitario.
Ambas decisiones judiciales —permítanme decirlo— son hermosas.
Tomémoslas como un impulso para mirar hacia arriba.
Lo que debe entenderse es que, cuando se insiste en la aplicación de
reglas que desde un inicio no son aceptadas por nadie —porque en su formulación
no se discutieron con nadie—, el resultado es este: el golpe institucional.
En el segundo caso, el de las universidades, ocurrió lo contrario. Hubo
una ley sancionada, una observación del Poder Ejecutivo y una insistencia del
Congreso. En paralelo, se dio una discusión amplia: en las universidades, entre
autoridades, docentes y estudiantes; en las calles, con marchas
multitudinarias; en los medios de comunicación y en múltiples espacios públicos
y privados, donde se reafirmó el valor de la educación para la sociedad en su
conjunto.
Sin embargo, todo ese proceso fue nuevamente desconocido por un grupo
minúsculo, prepotente y antidemocrático. Y, otra vez, ocurre lo mismo: el golpe
institucional.
Brevemente: ¿qué dijo la Cámara sobre la medida cautelar vinculada al
financiamiento universitario?
La Cámara Contencioso Administrativo Federal ratificó la decisión del
titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso
Administrativo Federal N.º 11, quien admitió la medida cautelar solicitada por
el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y declaró inaplicable —respecto de
la ley 27.795 (Ley de Financiamiento Universitario, agosto de 2025)— lo
dispuesto en el decreto 795/25, en cuanto suspendía su ejecución hasta tanto el
Congreso determinara las fuentes de financiamiento e incluyera las partidas en
el presupuesto.
Como consecuencia, se ordenó al Estado cumplir de forma inmediata con
los artículos 5 y 6 de la ley, referidos a la recomposición salarial docente y
no docente de las universidades públicas, así como a la actualización de los
programas de becas estudiantiles.
La fundamentación —ratificada por la Cámara— es clara: quedó acreditada
la inobservancia de un deber jurídico por parte del Poder Ejecutivo. La
insistencia del Poder Legislativo, en los términos del artículo 83 de la
Constitución Nacional, le impuso una obligación concreta de hacer que está
siendo incumplida. Es decir, se esta desobedeciendo un mandato
constitucional.
Asimismo, el argumento del Poder Ejecutivo, basado en el artículo 5 de
la ley 24.629 (1996), no resulta atendible: se trata de una ley anterior —y,
por tanto, desplazada por la ley posterior— y de jerarquía inferior frente a la
Constitución.
El fallo también destaca la vulneración de derechos fundamentales: no
solo en materia laboral, sino fundamentalmente en el derecho a enseñar y
aprender, consagrado en el artículo 14 de la Constitución Nacional.
A esto se suma un dato relevante: el impacto fiscal de la medida fue
estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso en apenas el 0,23 % del
PBI. Se trata, por lo tanto, de un ahorro poco significativo en el marco del
gasto público total.
Si el Poder Ejecutivo no cumple con el fallo judicial, ya no solo
estará desconociendo al Poder Legislativo, sino también al Poder Judicial. En
última instancia, estará desconociendo la Constitución, es decir, a la sociedad.
Si el Ejecutivo no acata, se abriría un escenario de mayor conflictividad
institucional que será causa de una mayor conflictividad social.
martes, 24 de marzo de 2026
24 de Marzo 1976; 50 años
Se cumplen 50 años del golpe de estado de 1976. En la madrugada del 24 de marzo, por los altavoces de radio nacional, en cadena nacional, se escucho el comunicado N° 1 de la junta militar.
“Se comunica a la población que a partir del día de la fecha, el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanan de la autoridad militar, de seguridad o policial; así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operación".
Firmaban Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti.
A partir de ese momento se inicio, lo que llamaron, el Proceso de Reorganización Nacional, una pretendida refundación de la Argentina que no fue más que un proceso de destrucción en los planos político, económico, social y cultural.
Videla,
asume como presidente de facto –usurpador-,
en el salón blanco de la casa de gobierno y no en el congreso nacional.
Los
gobiernos autoritarios y antidemocráticos, detestan al poder legislativo. Como sostenía John Locke, en él, recae la esencia y la unión de la sociedad en una
sola voluntad, es su espejo; además de limitar al poder ejecutivo, siempre más fuerte por
tener la caja y las armas.
En aquel momento se cerró el Congreso. Más cerca en el tiempo, en 2023, el presidente actual asumió dándole la espalda. Vale la pena detenerse en ese gesto y preguntarnos qué entendimos como sociedad en estos cincuenta años y qué hicimos con todo aquello que nos pasó.
Nueve años después, en 1985, un fiscal de bigote y ojeras marcadas, al parecer bastante valiente, en su alegato final,
además de citar a Dante y a su Divina Comedia, pronuncio una frase que quedaría grabada para siempre: Nunca Más.
Esa expresión ya había sido utilizada en el informe de la CONADEP, un documento de 50 mil paginas, que sirvió de base para la acusación fiscal. La comisión fue presidida por el escritor Ernesto Sábato, e integrada, entre otros, por Graciela Fernandez Meijide y Magdalena Ruiz Guiñazú.
La continuidad de ese proceso se dio años más tarde, con las políticas de memoria, verdad y justicia impulsadas a partir de 2003.
"Nunca Mas" condensa una idea, y esa idea funda un nuevo contrato social, un nuevo consenso. Nunca más censura, nunca más violencia estatal.
Argentina fue el único país que juzgó sus crímenes de lesa humanidad con sus propias instituciones, con su derecho, con sus jueces y bajo el debido proceso. En el "Juicio al mal absoluto", Carlos Nino, quien fuera uno de los arquitectos institucionales del juicio a las juntas, desarrolla la fundamentacion teórica utilizada para anular la ley de autoamnistía impulsada por el dictador Bignone, explicando la legitimación de normas en gobiernos que no son democráticos.
Fuimos un ejemplo en el mundo; no sólo revertimos la violencia con la acción punitiva, sino también con la deliberación pública, es decir, con la democracia en su mejor luz. Lo que Raúl Alfonsín sintetizaba en la frase, democracia no solo con la que se vota, sino también con la que se come, con la que se cura, con la que se educa.
Aquella pregunta hecha más arriba ahora se nos cae encima como la
realidad misma. Por primera vez, desde el Estado, se niega el terrorismo de Estado; pero no solo eso, en algunos casos se lo reivindica. Al mismo tiempo, se nos vacía
de derechos económicos y sociales; se desfinancia la cultura, la educación, la
ciencia, la salud; nos reducen la propiedad privada y nos debilitan, nos quieren raquíticos; no nos matan por acción pero si por omisión.
Tambien cabe preguntarse que hacemos ante esta
realidad. Las madres de los desaparecidos, daban vuelta por la plaza de mayo, resistían, toda la
vida resistiendo.
Los gobernantes actuales rompieron con el pacto del Nunca Mas, que a la vez se
sustenta en la Constitución Nacional; por lo tanto, no son una autoridad
legitima, o son una fuerza sin autoridad. Es asi que los derechos ya no se sujetan a algo
externo, por que el fin del Estado como garante de aquellos deja de ser fin, y vuelven al individuo, y el
primer derecho es la conservación de la vida y la oposición a su destrucción.
Estos cincuenta años nos tienen que hacer despertar. Por suerte ya estamos despertando.
viernes, 6 de marzo de 2026
QUE EL MERCADO NO DECIDA POR NOSOTROS
El gobierno nacional tiene problemas con los mínimos: por encima de ellos está la política, pero por debajo está el derecho. El caso de los Glaciares.
Los problemas económicos
fundamentales que toda sociedad debe responder son tres: qué producir, cómo
producir y para quién producir. Si trasladamos estos interrogantes a la
actividad minera —entendida como la producción orientada a la extracción de un
mineral— los resultados, para las mayorías sociales, arrojan un saldo negativo.
Esto es así en un contexto donde
la pérdida de puestos de trabajo, en la Argentina, viene siendo significativa.
Durante la actual gestión de Javier Milei, se estima que se han perdido
alrededor de 300 mil empleos registrados, y según un informe de la consultora
Audemus, entre 2023 y 2025 la actividad manufacturera acumuló una caída
promedio del 7,9 %, lo que posiciona al país entre los peores desempeños
industriales del mundo. Mientras tanto, nuestro vecino Brasil, registró un
crecimiento cercano al 3,5 % en el mismo período[1].
En este escenario de
desindustrialización, la actividad minera no logra compensar la destrucción de
empleo. Se trata de una actividad que, además de generar un volumen
relativamente reducido de puestos de trabajo, es altamente tecnificada y suele
incorporar mano de obra especializada proveniente del exterior. Para quienes
son expulsados del aquel sistema productivo, lo que queda, es la inserción en
formas de trabajo precarizadas, como las plataformas digitales, a la que llaman
trabajo independiente.
En paralelo a esta profundización
del proceso de primarización de la economía —con un tipo de cambio apreciado y
una apertura comercial indiscriminada—, se están poniendo en juego territorios
y comunidades enteras. No se trata solo de variables numéricas: en este
vendaval se están arrasando derechos, es decir, porciones concretas de vida,
como un proceso de mutilación humana. Allí están los discapacitados y los
ancianos.
Desde esta perspectiva, incluso
la corriente utilitarista —aquella que, ante un dilema moral, privilegia el
mayor bienestar general— difícilmente podría justificar un modelo como este que
combina desindustrialización, es decir desempleo; degradación ambiental,
miseria y concentración de la riqueza.
Me interesa señalar aquí,
volviendo al inicio del texto, la fuerte relación existente entre ambiente y
democracia. Me refiero a la democracia entendida en su dimensión
procedimental. Esto es, la atención en las formas mediante las cuales se toman
decisiones, sobre contenidos de enorme relevancia, como lo son los recursos
naturales, esenciales para la vida humana.
Los asuntos sobre bienes comunes
no pueden decidirse de esta manera.
Las últimas leyes discutidas en
el Congreso Nacional —incluida aquella que vacía de protección a los glaciares—
se debatieron en un edificio vallado, con graves restricciones a la
deliberación pública, en algunos casos rompiendo el contrato de mandato entre
representantes y representados, y siempre con premura, de espaldas a la
Constitución y a la jurisprudencia ambiental consolidada.
Voy al núcleo normativo del
problema.
El artículo 41 de la Constitución
Nacional exige a la Nación dictar normas de presupuestos mínimos de
protección ambiental. Ese mandato se concretó, entre otras normas, en la
Ley General del Ambiente (Ley 25.675, año 2002), cuyo artículo 1° establece
justamente ese marco protector. En particular, la Ley de Glaciares (Ley 26.639,
año 2010) dispone en su artículo 1° que los glaciares y el ambiente periglaciar
son bienes de carácter público y los define como:
“Reservas estratégicas de
recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y como
proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la
protección de la biodiversidad; como fuente de información científica y como
atractivo turístico”.
Además, en el año 2020 el Estado argentino ratificó, mediante
la Ley 27.566, el Acuerdo de Escazú —el primer tratado ambiental de América
Latina y el Caribe— que impone obligaciones claras en materia de acceso a la
información pública, participación ciudadana y justicia en asuntos ambientales.
Esta norma no solo protege el ambiente como bien jurídico, sino que también
establece un procedimiento para tomar decisiones sobre ese contenido.
El vaciamiento de los
presupuestos mínimos implica dejar un papel en blanco en el escritorio de
“quien sabe quién”, aunque algunos ahora lo llamen “provincia”. Si esta
modificación prosperara, la protección de los glaciares y del ambiente
periglaciar volvería a foja cero, en la medida en que se eliminaría el
Inventario Nacional de Glaciares previsto en el artículo 3° de la norma
vigente, instrumento técnico –dependiente del CONICET- indispensable para
cualquier política seria de protección.
Vamos en contra a la arquitectura
constitucional elegida por nuestros constituyentes del 1994. Precisamente para
evitar la competencia a la baja en materia ambiental, el constituyente
estableció presupuestos mínimos nacionales, como garantías de goce de
libertades. Asimismo, entendió en este punto, que cuanto mayor es la cantidad
de los sujetos involucrados en la decisión –provincia y nación-, mayor es su
imparcialidad, reduciendo el riesgo de captura del Estado por parte de grupos
de interés.-También aquellos constituyentes, agregaron el art. 75 inc 19 de la Constitución
Nacional que habla de educación, de ciencia, de cultura y de justicia social-.
Por eso la relación entre democracia
y ambiente, que no es otra que la relación entre democracia y derecho. Cuando
se adoptan decisiones con potencial de no retorno —lo que fundamenta el
principio precautorio del derecho ambiental— la forma en que se decide es tan
importante como el contenido de lo decidido. Si se restringe la deliberación
pública y se debilitan estándares constitucionales, el problema no es solo
ambiental: es una decisión antidemocrática y, por su contenido, también
inconstitucional.
Frente a esto, sostengo que el
derecho debe dirigir la economía, del mismo modo en que la democracia debe
secuestrar al capitalismo. Me refiero a un sistema mixto, donde el Estado
intervenga activamente en diferentes áreas de la vida social. Hace tiempo
superamos la visión de Adam Smith y su concepto de mano invisible, y comprendimos
que los mercados presentan fallas estructurales: externalidades, asimetrías de
información, competencia imperfecta. Allí donde el mercado falla, el Estado
debe estar presente.
En este sentido, resulta
interesante recuperar una entrevista disponible en la web de Thomas Piketty,
economista Francés dedicado al estudio de la desigualdad, titulada “Estamos
en una situación similar a la que llevó a la Revolución Francesa”. Allí
sostiene, entre otras cosas, que una parte significativa de la riqueza debe estar
socializada; que los movimientos históricos hacia la igualdad han sido largos y
conflictivos; que países como Suecia —hoy asociados a altos niveles de
bienestar— fueron profundamente desiguales hasta la consolidación de la
socialdemocracia; y que los actuales niveles de concentración patrimonial no
solo son injustos, sino también económicamente ineficientes.
Piketty dice, por ejemplo, que en
España el 50 % de la población posee apenas el 5 % del patrimonio total,
mientras que el 10 % concentra alrededor del 50 % de aquel total - y ni
hablemos de América Latina-. Esa brecha no es derecho natural: es el resultado
de decisiones políticas e institucionales. También advierte que la deuda
pública funciona como el impuesto que las clases privilegiadas no pagan; y que con
una pequeña fracción de los beneficios de las multinacionales y de los grandes
patrimonios, redistribuida globalmente con criterios poblacionales, para
inversión en educación y salud, superaría en 10 veces los montos de lo que se
hace llamar: ayuda internacional. Nos recuerda que, en tiempos de la Revolución
Francesa, la nobleza tampoco quería pagar impuestos.
El mensaje parece claro: los
sistemas económicos no cambian por inercia, sino por decisión política.
Las condiciones materiales para
una reforma hacia el camino de la igual libertad están dadas.
Solo resta, que colectivamente
respondamos aquellas preguntas fundamentales —qué producir, cómo producir y
para quién producir—, y avancemos en consecuencia.
Pero ahora, pensemos solo un
momento en esto. No podemos destruir nuestros glaciares. No podemos comprometer
nuestras reservas de agua.
Si esto ocurre, no solo
perderemos ambiente: perderemos derechos, perderemos democracia.
martes, 24 de febrero de 2026
Noche de Literatura; Charles Baudelaire.
El segundo encuentro de este ciclo lo tuvo al profesor
Ezequiel Barchuk exponiendo sobre la figura de Charles Baudelaire. La
conversación nos permitió pensar la modernidad y el sujeto inmerso —a la vez que
situado por encima— de esos acontecimientos. Se caracterizó la figura del
dandy; se desarrolló la idea de una secularización de la belleza; se habló de
historia y de revoluciones, y del cambio en las ciudades. Por supuesto, también
de su biografía. Se leyeron poemas de El spleen de París y Las flores
del mal, y se buscó una definición del simbolismo oponiendo al signo,
trayendo a colación las artes plásticas.
La presentación concluyó con la referencia al surrealismo,
dejando entrever que allí aparece una nueva etiqueta, un nuevo planteo que, en
parte, se sostiene sobre los mismos fundamentos. Todo esto había comenzado en
el primer encuentro, con la presentación de Fabián Paredes sobre Alejandra
Pizarnik. Su aproximación —atravesada por el psicoanálisis— puso el tema del
surrealismo sobre la mesa y nos permitió pensar su influencia en una época y en
un lugar determinado: París.
Ahora el ciclo se encamina hacia su cierre con el Mayo
Francés también surgido allí. El interrogante que nos guía es si aquel
movimiento artístico y literario influyó en ese movimiento social y político. Y
si no fue así, la excusa ya está servida. Hablaremos de un movimiento
revulsivo, fundado en la libertad individual y la autonomía como condición necesaria para
una acción colectiva y soñadora entre personas iguales. Muy pronto.
La primera imagen registra a Ezequiel Barchuk en el uso de
la palabra. En paralelo a la disertación se proyectaron pinturas de Odilon
Redon (1840–1916), artista simbolista influenciado por las lecturas de
Baudelaire.
La jornada fue linda. Hubo muchos encuentros. Faltabas vos.
