El gobierno nacional tiene problemas con los mínimos: por encima de ellos está la política, pero por debajo está el derecho. El caso de los Glaciares.
Los problemas económicos
fundamentales que toda sociedad debe responder son tres: qué producir, cómo
producir y para quién producir. Si trasladamos estos interrogantes a la
actividad minera —entendida como la producción orientada a la extracción de un
mineral— los resultados, para las mayorías sociales, arrojan un saldo negativo.
Esto es así en un contexto donde
la pérdida de puestos de trabajo, en la Argentina, viene siendo significativa.
Durante la actual gestión de Javier Milei, se estima que se han perdido
alrededor de 300 mil empleos registrados, y según un informe de la consultora
Audemus, entre 2023 y 2025 la actividad manufacturera acumuló una caída
promedio del 7,9 %, lo que posiciona al país entre los peores desempeños
industriales del mundo. Mientras tanto, nuestro vecino Brasil, registró un
crecimiento cercano al 3,5 % en el mismo período[1].
En este escenario de
desindustrialización, la actividad minera no logra compensar la destrucción de
empleo. Se trata de una actividad que, además de generar un volumen
relativamente reducido de puestos de trabajo, es altamente tecnificada y suele
incorporar mano de obra especializada proveniente del exterior. Para quienes
son expulsados del aquel sistema productivo, lo que queda, es la inserción en
formas de trabajo precarizadas, como las plataformas digitales, a la que llaman
trabajo independiente.
En paralelo a esta profundización
del proceso de primarización de la economía —con un tipo de cambio apreciado y
una apertura comercial indiscriminada—, se están poniendo en juego territorios
y comunidades enteras. No se trata solo de variables numéricas: en este
vendaval se están arrasando derechos, es decir, porciones concretas de vida,
como un proceso de mutilación humana. Allí están los discapacitados y los
ancianos.
Desde esta perspectiva, incluso
la corriente utilitarista —aquella que, ante un dilema moral, privilegia el
mayor bienestar general— difícilmente podría justificar un modelo como este que
combina desindustrialización, es decir desempleo; degradación ambiental,
miseria y concentración de la riqueza.
Me interesa señalar aquí,
volviendo al inicio del texto, la fuerte relación existente entre ambiente y
democracia. Me refiero a la democracia entendida en su dimensión
procedimental. Esto es, la atención en las formas mediante las cuales se toman
decisiones, sobre contenidos de enorme relevancia, como lo son los recursos
naturales, esenciales para la vida humana.
Los asuntos sobre bienes comunes
no pueden decidirse de esta manera.
Las últimas leyes discutidas en
el Congreso Nacional —incluida aquella que vacía de protección a los glaciares—
se debatieron en un edificio vallado, con graves restricciones a la
deliberación pública, en algunos casos rompiendo el contrato de mandato entre
representantes y representados, y siempre con premura, de espaldas a la
Constitución y a la jurisprudencia ambiental consolidada.
Voy al núcleo normativo del
problema.
El artículo 41 de la Constitución
Nacional exige a la Nación dictar normas de presupuestos mínimos de
protección ambiental. Ese mandato se concretó, entre otras normas, en la
Ley General del Ambiente (Ley 25.675, año 2002), cuyo artículo 1° establece
justamente ese marco protector. En particular, la Ley de Glaciares (Ley 26.639,
año 2010) dispone en su artículo 1° que los glaciares y el ambiente periglaciar
son bienes de carácter público y los define como:
“Reservas estratégicas de
recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y como
proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la
protección de la biodiversidad; como fuente de información científica y como
atractivo turístico”.
Además, en el año 2020 el Estado argentino ratificó, mediante
la Ley 27.566, el Acuerdo de Escazú —el primer tratado ambiental de América
Latina y el Caribe— que impone obligaciones claras en materia de acceso a la
información pública, participación ciudadana y justicia en asuntos ambientales.
Esta norma no solo protege el ambiente como bien jurídico, sino que también
establece un procedimiento para tomar decisiones sobre ese contenido.
El vaciamiento de los
presupuestos mínimos implica dejar un papel en blanco en el escritorio de
“quien sabe quién”, aunque algunos ahora lo llamen “provincia”. Si esta
modificación prosperara, la protección de los glaciares y del ambiente
periglaciar volvería a foja cero, en la medida en que se eliminaría el
Inventario Nacional de Glaciares previsto en el artículo 3° de la norma
vigente, instrumento técnico –dependiente del CONICET- indispensable para
cualquier política seria de protección.
Vamos en contra a la arquitectura
constitucional elegida por nuestros constituyentes del 1994. Precisamente para
evitar la competencia a la baja en materia ambiental, el constituyente
estableció presupuestos mínimos nacionales, como garantías de goce de
libertades. Asimismo, entendió en este punto, que cuanto mayor es la cantidad
de los sujetos involucrados en la decisión –provincia y nación-, mayor es su
imparcialidad, reduciendo el riesgo de captura del Estado por parte de grupos
de interés.-También aquellos constituyentes, agregaron el art. 75 inc 19 de la Constitución
Nacional que habla de educación, de ciencia, de cultura y de justicia social-.
Por eso la relación entre democracia
y ambiente, que no es otra que la relación entre democracia y derecho. Cuando
se adoptan decisiones con potencial de no retorno —lo que fundamenta el
principio precautorio del derecho ambiental— la forma en que se decide es tan
importante como el contenido de lo decidido. Si se restringe la deliberación
pública y se debilitan estándares constitucionales, el problema no es solo
ambiental: es una decisión antidemocrática y, por su contenido, también
inconstitucional.
Frente a esto, sostengo que el
derecho debe dirigir la economía, del mismo modo en que la democracia debe
secuestrar al capitalismo. Me refiero a un sistema mixto, donde el Estado
intervenga activamente en diferentes áreas de la vida social. Hace tiempo
superamos la visión de Adam Smith y su concepto de mano invisible, y comprendimos
que los mercados presentan fallas estructurales: externalidades, asimetrías de
información, competencia imperfecta. Allí donde el mercado falla, el Estado
debe estar presente.
En este sentido, resulta
interesante recuperar una entrevista disponible en la web de Thomas Piketty,
economista Francés dedicado al estudio de la desigualdad, titulada “Estamos
en una situación similar a la que llevó a la Revolución Francesa”. Allí
sostiene, entre otras cosas, que una parte significativa de la riqueza debe estar
socializada; que los movimientos históricos hacia la igualdad han sido largos y
conflictivos; que países como Suecia —hoy asociados a altos niveles de
bienestar— fueron profundamente desiguales hasta la consolidación de la
socialdemocracia; y que los actuales niveles de concentración patrimonial no
solo son injustos, sino también económicamente ineficientes.
Piketty dice, por ejemplo, que en
España el 50 % de la población posee apenas el 5 % del patrimonio total,
mientras que el 10 % concentra alrededor del 50 % de aquel total - y ni
hablemos de América Latina-. Esa brecha no es derecho natural: es el resultado
de decisiones políticas e institucionales. También advierte que la deuda
pública funciona como el impuesto que las clases privilegiadas no pagan; y que con
una pequeña fracción de los beneficios de las multinacionales y de los grandes
patrimonios, redistribuida globalmente con criterios poblacionales, para
inversión en educación y salud, superaría en 10 veces los montos de lo que se
hace llamar: ayuda internacional. Nos recuerda que, en tiempos de la Revolución
Francesa, la nobleza tampoco quería pagar impuestos.
El mensaje parece claro: los
sistemas económicos no cambian por inercia, sino por decisión política.
Las condiciones materiales para
una reforma hacia el camino de la igual libertad están dadas.
Solo resta, que colectivamente
respondamos aquellas preguntas fundamentales —qué producir, cómo producir y
para quién producir—, y avancemos en consecuencia.
Pero ahora, pensemos solo un
momento en esto. No podemos destruir nuestros glaciares. No podemos comprometer
nuestras reservas de agua.
Si esto ocurre, no solo
perderemos ambiente: perderemos derechos, perderemos democracia.
