Desde el año
1994, la constitución exige que para cualquier reforma de la ley de
coparticipación es necesario el acuerdo de la totalidad de las provincias y de
una mayoría absoluta en el congreso. Asimismo, que cualquier transferencia de
funciones a las provincias (incluida la ciudad de Buenos Aires) deberá ser
acompañada con la respectiva asignación de recursos, al tiempo que esto, deberá
ser aprobada por las legislaturas locales (art. 75 inc. 2). La constitución es
sabia en este sentido, ya que responde a una realidad vivida en los primeros
años de la década del 90. Allí se trasfirieron competencias (educación y salud)
a las provincias, pero sin los recursos necesarios para hacer frente a ellos. También
la constitución desde ese año (ver quiénes fueron los constituyentes),
equipara, para muchos constitucionalistas y reiterada jurisprudencia de la
corte, a la ciudad de Buenos Aires con una provincia más. En el gobierno de cambiemos
(2015 – 2019), la nación transfirió cierta función de seguridad pública a la
ciudad de Buenos Aires, y en conjunto (como debió ser), una cantidad de
recursos. Esto se llevó a cabo con un acuerdo de ambas jurisdicciones. En el
año 2020, el gobierno nacional del frente de todos, unilateral y
discrecionalmente, quita esos recursos al gobierno de la ciudad; que ahora
deberán ser devueltos por orden unánime de la corte suprema de justicia, ante
un reclamo judicial de ese entonces por parte del gobierno porteño.
Al fallo no
hay que darle muchas vueltas, no quiero entrar aquí, no es ninguna novedad; cualquier
sujeto sensato veía venir la decisión luego de un acto tan grotesco y grosero
como lo fue el del gobierno dirigido por Alberto Fernández. Si viene alguien de
afuera y te saca dinero de tus bolsillos, es una obviedad que la justicia fallaría
a tu favor exigiendo la devolución de ese dinero. Si bien es cierto que, al
momento de hacerse el traspaso de la policía a la ciudad de Buenos Aires, los
fondos asignados fueron mayores (esto reconocido por algunos integrantes de
cambiemos), la solución debería de haber sido explicativa, con números sobre la
mesa, dialogando y buscando un acuerdo concertado. Como se dijo, la
constitución no permite la unilateralidad en estos asuntos y, en esa línea la
corte desde un inicio busco un acuerdo, al tildar tal problemática como
política.
Si bien se resalta el rechazo y la falta de obediencia del gobierno nacional a un fallo de la corte, (hoy, inteligentemente, parece ser, echado hacia atrás) que salvo excepciones tiene siempre la ultima palabra; lo llamativo, a mi juicio, es la adhesión al desacuerdo por parte de las provincias en el nombre del federalismo. El fallo, no afectaría a las provincias, en principio, ya que el dinero seria quitada de las arcas públicas nacionales; en cambio, si le sería favorable en un eventual conflicto entre provincia y nación. De hecho, el fallo se sostiene en última instancia en el respeto al federalismo, la misma invocación de los gobernadores. Creo ver aquí un error conceptual que se sostiene en posiciones como la de Gerardo Morales al referirse a los subsidios al transporte en CABA, disparando frases como: es un país muy injusto. El interior es discriminado y a su vez se siente discriminado de parte de lo que se conoce como el centralismo porteño, y es así que hay muchos elementos que dan la razón. Estoy de acuerdo. Misiones (por ej.), aporta en el numero 7, y recibe de nación en el numero 20. La deuda en materia coparticipable es garrafal, y sumado a la compensación económica por el activo ambiental (la única provincia con carbono negativo), es más garrafal aún. No obstante, no creo que entrar en el juego de amigo/enemigo, rico/pobre sea lo adecuado, y más aún, lo conveniente en términos de intereses provinciales. Hay presunciones de roscas políticas, pero es incorrecto, en clave institucional, apoyar una desobediencia a un fallo de la corte, que no es otra cosa que tirar a un lado la constitución nacional (art. 5 CN; 128 CN). La conveniencia es: que un fallo es jurisprudencia. Debería ser fácil distinguir que se puede sacar ventajas de un fallo que señala el daño generado a la calidad y cantidad de servicios y bienes públicos destinados a una población por causas presupuestarias. El día de mañana, puede ser utilizado en beneficio propio. En términos generales, se caen en errores por falta de rigurosidad analítica. Cuando aconteció lo llamado “apagón cultura”, y la necesidad de prorrogar las asignaciones especificas a la cultura, aquellos que votaron en contra, en su mayoría, no eran enemigos del pueblo ni nada parecido (como tampoco aquellos que votaron a favor eran amigos del pueblo). Discutían, que un fondo coparticipable (como aquel), por estar compuesto por impuestos provinciales, no tenia que ser utilizado por el Estado Nacional de manera discrecional y con favoritismo político. (Era más profundo). Se afectaba así, decían, la autonomía provincial contemplada en la Constitución Nacional. Allí también, curiosamente, los ambos bandos se agarraban del federalismo como escudo argumentativo. Parece ser que, como todo en estos tiempos, también la palabra federal es relativa. Ahora, lo cierto es: que la explicación de que las provincias elijan tomar una posición incorrecta siempre, e inconveniente muchas veces, como lo hicieron, es causa de la dependencia del toma y saca del poder central.
Lo último, si una provincia como Misiones no defiende, y mucho más, va
en contra de lo que técnicamente se entiende como una provincia más (CABA), por
creer que no lo es por su pasado; debería tener cuidado por que puede pasar que
algún día alguien diga que no tenemos los mismos derechos por que somos una
provincia creada por ley y no fundamos la nación.
