Fuente: Pohl Schnake, V., Mantegna, S.,
& del Llano, T. (2019)
La relación entra
la sociedad y el ambiente parte de una idea sencilla; la conducta humana puede
modificar las condiciones de existencia de los seres vivos. Por lo tanto, el
derecho —definámoslo aquí simplemente
como conjunto de normas— puede (y debe)
regular esa conducta a los fines de que ella no afecte la vida de las personas.
En este sentido, el derecho ambiental es un derecho humano —si nos importa el árbol no es por el árbol en sí mismo,
sino porque su existencia beneficia la vida humana—. La Constitución Nacional
(1994) en su art. 41 recepta el derecho a un ambiente sano, contemplando el
principio del desarrollo sostenible. Esta es una ética que reposa sobre un postulado de equidad interjurisdiccional
e intergeneracional.
La normativa
ambiental cristaliza el modelo de como una sociedad define el acceso y uso de
sus recursos naturales. El nuevo código civil (2015) reconoce esa cláusula
constitucional en términos prácticos (política ambiental). En su afán por
emprender un camino tendiente a la des mercantilización de la naturaleza, da
una especial atención a lo público por sobre lo privado y a lo colectivo por
sobre lo individual. El código menciona los derechos de incidencia colectiva
(art. 14), aclarando que la ley de ninguna manera ampara el ejercicio abusivo
de los derechos individuales cuando estos puedan afectar el ambiente, además de
mencionar el funcionamiento de los ecosistemas, la flora y fauna, la
biodiversidad, el agua, los valores culturales y el paisaje (art. 240). Sin embargo, en medio de estos avances, el Código
introdujo un cambio que generó polémica: la reducción del llamado camino de
sirga.
¿De qué se trata? El camino de sirga se encuentra en el capítulo
correspondiente a los límites al dominio,
cuyo objetivo es permitir sirgar, esto es, remolcar o arrastrar una embarcación
desde la orilla. Se aplica a cursos de agua navegables y consiste en una franja de terreno que paso de 35 metros a
solo 15 desde la línea de ribera. Aunque es propiedad privada, el
propietario no puede realizar en él ningun acto (ejemplo construcciones) que
menoscabe la actividad del transporte fluvial. Parte de la doctrina, desde un
enfoque que observa el ordenamiento jurídico integral, ha dicho que esa
actividad no solo se debe reducir al transporte, sino también a la pesca y al
esparcimiento. Lo que hay que entender es que el rio es un bien de dominio público
(art. 235) y por ende se debe permitir el acceso a él. Para el derecho no es
aceptable el acceso a determinado espacio del rio, debe ser sobre su totalidad.
La reducción del
camino de sirga llego en un país donde las denuncias por su incumplimiento ya
era moneda corriente. Con la legislación actual, en parte se legitima esas
prácticas de obstrucción por parte de los propietarios. Para mencionar un caso
extremo: en 2006, Cristian González y dos
amigos fueron a pescar a la orilla del rio Quilquihue; desde las cabañas Andina
les dispararon tiros intimidatorios, y cuando Cristian pidió explicaciones, el
guardia privado Horacio Calderón le efectuó un disparo mortal en el cuello[1]. En la ciudad de Posadas, provincia de
Misiones, también abundan los ejemplos. En varias zonas, no solo no se ha
respetado el camino de sirga, sino que directamente se han privatizado bienes públicos.
Un caso emblemático es lo que sucede con el “montecito” de villa cabello; una
reserva urbana ambiental en beneficio de un club privado[2].
El impedimento ciudadano del
acceso a un bien público como el rio tiene una vinculación fuerte entre
democracia y derecho. La posibilidad de garantizar un ambiente sano y
equilibrado para el desarrollo humano, así como la preservación al patrimonio
natural y cultural, aumenta cuando la sociedad puede ejercer control sobre esos
espacios; y para ello, necesariamente debe poder habitarlos. A pesar de todo,
el código, deja una puerta abierta. El último párrafo del artículo atinente al
camino de sirga dice lo siguiente: (…) “Todo
perjudicado puede pedir que se remuevan los efectos de los actos violatorios de
este artículo” Lo que significa que cualquier afectado puede demandar judicialmente
al propietario por acción y al Estado por omisión. Bastaría hacerlo para ver
qué pasa.
Referencias:
Pohl Schnake, V., Mantegna,
S., & del Llano, T. (2019). Bienes comunes y conflictos socio-ambientales
en torno a la segmentación normativa del territorio a partir del Código Civil y
Comercial de la Nación vigente desde 2015. VII Congreso Nacional de
Geografía de Universidades Públicas y XXI Jornadas de Geografía de la UNLP,
La Plata, Argentina.
Mi primer articulo que se publica en un diario local. Estoy contento (aprendí a disfrutar). Se lo dedico a mi padre. Un tipo que me agarro y siempre me tiro para arriba.
Para tener deseos de acercarse, primero hay que
alejarse.
No se puede hacer eso en una sociedad en la que nadie
se desconecta.
En
el canal de televisión Ciudad Magazine, Javier Milei, actual presidente
argentino, intentó demostrar que es más alto que su eventual novia: Yuyito
González. De pie junto a ella, afirmó: “Para que vea la diferencia, señora, le
llevo más de cinco centímetros”. Entre los comentarios del video en redes,
destaco uno de “soledad1891”, que escribe: “¡Único! 🥰 Un capo, habla como cualquier
argentino, re sencillo”.
Este
episodio invita a reflexionar a través de lecturas como las del sociólogo
italiano Giuliano Da Empoli, cuyas ideas parecen cobrar vida en nuestra realidad
social y política. Hace unas semanas leí su ensayo publicado en Nueva
Sociedad, titulado “Waldo a la
conquista del planeta. Rabia, política y algoritmo”, un extracto de su
libro: Los ingenieros del caos.
El texto
comienza con una descripción breve del personaje animado llamado Waldo,
protagonista de uno de los capítulos (temporada 2; cap. 3) de la serie
británica denominada Black Mirror
(espejo negro en español). Este
oso azul computarizado se gana al público gracias a su humor ácido y chistes de
mal gusto. La popularidad del personaje lleva a una pregunta clave: ¿y si es
tan querido, por qué no postularse a elecciones?Da Empoli sugiere que esta ficción
explica los fenómenos políticos actuales con mayor claridad que muchos ensayos
de sociología. Aunque recomiendo ver el episodio, resumiré su desenlace:
En
una megalópolis futurista, un grupo de fuerzas de seguridad golpea a vagabundos
que duermen bajo un puente. Entre ellos está Jaime -un treintañero frustrado-,
creador de Waldo y figura central del relato. Poco después, Jaime se detiene
frente a una pantalla gigante que muestra imágenes de Waldo dominando el
planeta: gigantografías, aviones militares con su nombre, escolares con uniformes
del color de Waldo. Un nuevo eslogan de poder había tomado el mundo. Lo que
comenzó como una sátira antisistema se ha transformado en el nuevo sistema. La
distopía se ha hecho carne; la furia, el resentimiento y la paranoia son ahora
la norma.
Da
Empoli cita a Peter
Sloterdijk y su libro Ira y tiempo (2006), donde se analiza la
historia política de la ira. Sloterdijk sostiene que a lo largo de las
sociedades, un sentimiento irreprimible ha recorrido a quienes, que con razón o
no, se sienten perjudicados o abandonados. Durante siglos, la religión canalizó
esta rabia acumulada, seguida, hacia finales del siglo XIX, por los partidos
políticos, especialmente los de izquierda. Su función consistía en acumular las
energías de indignación, que en vez de liberarse al “instante”, podían
destinarse a construir un proyecto más ambicioso y sustentable. Así, las
emociones no derivarían en episodios “individuales”, sino que se pondrían al
servicio de un plan general, en donde el perdedor se convierte en activista y
su ira encuentra una salida política.
Sin
embargo, Sloterdijk observa que ni la iglesia católica, que fracasó con su idea
del juicio final por una sociedad con individuos que poco le interesa
trascender y se limitan únicamente a vivir el “aquí y ahora”, ni los partidos
políticos en general, que en su momento han sabido ser correas transmisoras de
demandas ciudadanas, pero hoy parecen centrados en agendas propias como si
fueran islas soberanas, logran contener la cólera acumulada por la población.
La
consecuencia es, una ira que se expresa de manera cada vez más desorganizada,
desde los inicios del siglo XXI. Pero hoy, después de casi veinte años de
aquella publicación del filósofo alemán, el autor del Mago del Kremlin, nos
hace notar, con evidencia empírica, que esa indignación se organizó detrás de figuras populistas que ocupan la escena
política de sus países, cada vez, cada día, en mayor medida. Los ejemplos
abundan; EE. UU con Trump, Marilen De Pen en Francia, Víctor Orban en Hungría;
los casos repetidos en América Latina.
Fernando
Savater, en su libro Política de urgencia,
explica sencillamente, que el populismo es la democracia de los ignorantes;
pero también de los decepcionados. Es el sueño de un sistema instantáneo en el
que la voluntad generosa del pueblo se realiza por un líder cuasi mesiánico sin
interferencia alguna. El punto es, aclara el autor, que justamente esa
interferencia, que no es más que procedimiento -derecho y garantía-, es lo que constituye
al sistema democrático.
El
ensayo del italiano destaca un punto en común entre los movimientos populistas
extremos, pese a sus muchas diferencias: su bandera principal es castigar a las
élites políticas tradicionales, sean de izquierda o de derecha. Estas son
acusadas, con argumentos que parecen válidos, de traicionar el mandato popular
y favorecer los intereses de una minoría enquistada en el Estado. Sin embargo,
lo más revelador del análisis es su advertencia de que figuras como Waldo,
Trump o Bolsonaro no habrían surgido sin una condición material que permitiera
a los nuevos populistas construir y sostener sus reivindicaciones.
Un
pequeño dispositivo que llevamos en el bolsillo nos ofrece acceso instantáneo a
todas las respuestas del mundo, impactándonos de manera inevitable y profunda.
La inmediatez con la que satisface cada uno de nuestros deseos ha cultivado en
nosotros una impaciencia legítima, en donde ya nadie está dispuesto a esperar.
Como dice Sabina, "La
sala de espera es sin esperanza"; y Luca Prodan lo resumió con su
famosa frase: "No sé
lo que quiero, pero lo quiero ya". Este fenómeno se conecta con el
análisis de Jonathan Haidt en La
generación ansiosa, en donde expone en su introducción, el riesgo de las
redes sociales para los niños/as y adolescentes por una lentitud en la
maduración de una parte del cerebro que se encarga de decir no a la
tentación.
Entonces,
si la sociedad se comporta de tal forma, ¿porque la política debería ser
distinta?, si en todo caso, en un sistema representativo, los que mandan son
nuestros mandados, aquellos a quienes nosotros los hemos mandado a mandar.
La
rabia, tiene su raíz en la impotencia y en la ansiedad desmesurada por obtener la
aprobación de los demás, motivada por el temor a llevar una vida considerada
inadecuada. Según los psicólogos, este estado de ánimo se representa con la
figura del adolescente. Sin embargo, el problema actual radica en que las redes
sociales nos convierten a todos en adolescentes perpetuos, atrapados en una
habitación virtual que intensifica nuestra frustración. Observamos la
mediocridad de nuestras vidas frente a las posibilidades aparentemente al
alcance de la mano, pero reducidas a un aparato de color.
Giuliano
Da Empoli, afirma que, en estos tiempos, la moneda corriente es la formulación y
recepción de teorías conspirativas, ya que ofrecen, al fin y al cabo, una
respuesta al indignado permitiendo justificar su ira. Un solo ejemplo de esto
en nuestro país, es la idea recurrente del lawfere.
Una idea tan absurda que llevaría a creer que una cierta elite –política,
judicial, empresarial- se puso de acuerdo para acallar a los máximos líderes
populares de nuestra región; que “claro”, paradójicamente no forman parte de
esa elite.Aunque las redes sociales no
conspiran por sí mismas, sí son el mejor soporte para que aquello funcione, al
fomentar emociones intensas, causantes de más clics y de usuarios pegados a la
pantalla, como yonquis pegados a la heroína.
Un
informe del Instituto Tecnológico de Massachusetts revela que una noticia falsa
tiene un 70% más de probabilidades de ser compartida en internet que una
verdadera, debido a su capacidad de captar la atención con mensajes peculiares.
Esto refleja una inseguridad individual que busca reconocimiento social y una
ira que se libera en la esfera virtual, pero con consecuencia en la vida real. Un
ejemplo de ello es el movimiento de los chalecos amarillos en Francia, que
adoptó su identidad tras el impacto de un vídeo publicado en Facebook por un
joven mecánico con ese atuendo. En cuestión de días, el video acumuló más de
cinco millones de visualizaciones.
El
ensayo concluye que Waldo es una traducción política de las redes sociales: una
máquina alimentada por la rabia, cuya única misión es responder a las emociones
de sus simpatizantes. No propone ideas nuevas ni soluciones, solo repite lo que
la gente piensa en el lenguaje que esta misma utiliza. Si las élites consideran
esto ofensivo, mejor aún, porque refuerza su desconexión con el pueblo, que
Waldo encarna perfectamente. En una sociedad donde la vulgaridad y los insultos
personales ya no son tabú, Waldo resulta una consecuencia lógica. La premisa
socrática de que todos revelan inteligencia cuando se les trata como tal parece
haberse derrumbado, dejando espacio para la imbecilidad humana.
¿Cambio?
El
español Antonio
Sola, conocido como "el creador de presidentes", plantea una idea
esperanzadora: una tercera vía que escapa de los extremos polarizantes tan
habituales en el panorama político. Sola, describe al nuevo líder como una
figura con valores asociados a lo femenino, aunque no necesariamente sea una
mujer. Esta figura se destacaría por su capacidad de mostrar afecto y empatía,
cualidades que, tras la pandemia, cobraron especial relevancia. La crisis
sanitaria evidencia la importancia de las tareas de cuidado, un rol tradicionalmente
asumidas por mujeres, quienes
representan el 70% del personal sanitario a nivel mundial. Así se consolida
un paradigma de los cuidados, que abarca respeto, amabilidad, tolerancia,
colaboración y una conexión profunda con los cuerpos humanos y territoriales,
estableciendo una analogía entre la tierra y la mujer.
Sola
advierte que el marketing político, cuando impulsa imágenes de líderes vacíos
de estos valores, termina por crear "monstruos".
Esta corriente guarda cierta semejanza con las ideas de Stéphane Hessel y Edgar
Morin en su libro: El camino de la esperanza, donde reivindican la
solidaridad y el rescate de saberes y destrezas tradicionales. Este
planteamiento también parece dialogar con las culturas originarias, cuya visión
no civilizatoria (en términos de los neoamericanos) resalta formas de vida más
armónicas.
Ante todo
aquello deberíamos reflexionar sobre nuestra relación con la propiedad privada.
Si bien podríamos discutir sobre los medios de producción, la propiedad de uso personal debe
respetarse como parte esencial de la autodeterminación de la vida moderna.
Modernidad que no nos permitiría echarnos hacia atrás, aunque si lo hiciere,
ese retorno a la tradición también sería moderno por una voluntad que es libre
y racional.
Pero
toda esto está por verse. Mientras tanto, el presidente de la nación argentina se
mide la estura en un programa de televisión con la supuesta primera dama para
hablar de esto y no de que es un gobierno, a estas alturas, antidemocrático e
inconstitucional (art. 18, 37, 41, 43, 75 inc. 17, inc. 19, inc. 22, inc. 23,
99 inc. 2 y 3)
En
estos tiempos, la rotura de lo real es más real que lo real.
La
controversia desatada por la diputada nacional Natalia Zaracho, quien no ha completado
su educación secundaria, se ha convertido en el epicentro de un debate sobre la
idoneidad y requisitos para ocupar cargos políticos. Durante un enfrentamiento
con la canciller Diana Mondino, esta última señaló la problemática de legislar
sin poseer un título secundario, planteando el interrogante de si realmente
constituye un inconveniente.
El derecho político
por antonomasia es el de elegir y ser elegido (art. 23 inc. b. CADH.; art. 38
CN.) Para lo primero, en la Argentina, el requisito necesario es ser ciudadano
y ser mayor a 16 años -en términos muy generales-. Para lo segundo, es
necesario formar parte de un partido político y presentarse a elecciones.
La Constitución Nacional
exige en su art. 48 que para ser diputado/a nacional se requiere: haber
cumplido veinticinco (25) años de edad, tener cuatro años de ciudadanía en
ejercicio, ser natural de la provincia que lo elija o con dos años de
residencia inmediata en ella. El control de estos requisitos le corresponde a
la Cámara Nacional Electoral.
Como vemos, la Constitución
de nuestro país no exige la terminación de una carrera educativa, es decir un
nivel de instrucción, para ocupar un cargo electivo como diputado/a. No
obstante, y esto es importante, en su art. 38 determina, que los partidos políticos como instituciones
fundamentales del sistema democrático -de allí su sostenimiento económico por
parte del Estado-, deben capacitar a
sus dirigentes y postular a los candidatos más capaces para la ocupación de
cargos electivos. Es razonable entonces, que en un sistema donde el monopolio
de las candidaturas provenga de los partidos, se deba acentuar la
responsabilidad de estos cuando sean culpables de malas propuestas. Ello, se
debe vincular, sobre todo, con exigencias éticas y compromisos
cívicos-democráticos.
Asimismo, el art.
16 del mismo cuerpo legal exige la exclusiva condición de “la idoneidad” para
la admisibilidad en los empleos públicos. Idoneidad que debe ser entendida
genéricamente como aptitud necesaria para ejercer una actividad. Así, si lo
llevamos a una actividad que requiere conocimientos técnicos, como por ej. para
ser juez es necesario ser abogado, la idoneidad es casi por entero legal y
objetiva. Pero si lo llevamos hacia el caso que tratamos aquí, a saber, una
actividad que consiste en el ejercicio de la representación política, la
idoneidad te la da el voto, siendo esta casi por entero legitima y subjetiva. -El
derecho a elegir del pueblo no radica en que no se equivoca, sino en el derecho
que tiene a equivocarse-.
La pregunta que
surge entonces es: aunque la ley no exija un nivel de instrucción, ¿por qué
parte de la sociedad legitima en su elección a alguien con tal nivel educativo?
De esto brota una
problemática mayor que tiene que ver con la educación, y puntalmente, la
deserción escolar. Según un estudio de Unicef que analiza la
encuesta de Niñas, Niños y Adolescentes hecha entre 2019 y 2020 en nuestro país,
el 29% del 15% que abandona la secundaria, lo hace por razones socioeconómicas.
Sumado a esto que solo 14 de cada 100 adolescentes, termina en tiempo y forma el
periodo escolar. La respuesta a la pregunta anterior un poco que se responde
sola. En todo caso, la pregunta que habría que hacerse es, ¿por qué una persona
que padeció, según dice, lo mismo que padece una gran porción de la sociedad,
no puede ser diputada, es decir representante de esa porción? De hecho, lo que se
ve, es que el apotegma de que el congreso es el espejo del pueblo, acá muy bien
se da.
Para terminar, me
parece que juzgar a una persona por su nivel de suerte, es equivocado. Siempre
es mejor tener buena suerte que mala suerte, eso está claro. Pero cuando la
suerte esta ligada al lugar que ocupas en la estructura social, condicionando
en gran medida tu vida -soy negro, soy mujer, soy pobre-, la sociedad a la que
perteneces es injusta (dirá Rawls). En el presente caso sería discriminación y
pre-juicio. La medición debería hacerse entonces, ya no en relación a cuál es
el lugar que llegaste en un determinado ámbito, sino hasta donde llegaste con
lo que tuviste desde tu posición inicial -oportunidades-, y que haces allí. La
cuestión de la idoneidad se traslada, ya no para el acceso, sino para el
ejercicio. Tu definición pasa por la accion.
Ponderar el mal desempeño de un representante,
requiere de apreciaciones subjetivas vertidas en un juicio, ya sea a través de
un mecanismo institucional como el juicio político -representantes sobre
representantes-, o como la revocatoria de mandato -pueblo sobre
representantes-. Este último, deberá comprender la causal de destitución por incumplimiento de las promesas de campaña
–tal como lo hace el art. 52 de la Constitución de Entre Ríos- en base a una
idea de representación política sostenido en una teoría del mandato que se
sitúa en un punto intermedio entre el sistema de manos atadas y el sistema de
manos libres – tal como lo sostiene Horacio Rosatti en “El contrato de mandato
político”-.
El problema no es
de convicción ni de instrucción de alguien en particular. Es un problema
educativo en chico, y económico en grande, de una sociedad en general. No es un
inconveniente legislar sin titulo secundario, sino mas bien un síntoma de un
país pobre y con una educación paupérrima.
De una vez por todas y para siempre hay que entender que el Derecho
y la Política son estamentos separados. Si bien es cierto que "el Derecho
es un producto social", y de ahí lo político; también es cierto que el Derecho una vez creado por el legislador (hablo de la ley positiva objetiva) y
en tanto se apegue a la constitución (ley de leyes), debe ser venerado por los
juzgadores de tal manera que le sea imposible la agregación siquiera de una “coma”,
cambiando su espíritu y favoreciendo subjetividades por interpretaciones que
trivializan al derecho. A si, el
legislador en su tarea de "creación de la ley” debe ser lo más preciso y claro
posible, para no dar lugar a mayores extensiones interpretativas por parte de
los “aplicadores de la ley” que son los jueces. A estos no les compete, o al menos no primordialmente,
la observación de la política (ej. demandas sociales); les
compete la “observación del Derecho”, como cual recluta observa a su
comandante.A claro que no soy
partidario del “positivismo” extremo, pero cuando caemos en la lógica de “cualquier
interpretación es posible”, siguiendo una línea “abstracta”, cosa contraria a
la razón y al sentido común (faros luminosos que orientan al Derecho); estamos ante el peligro
de quebrar por completo la razón de ser de la ley: el orden.
