Estamos viviendo una alarmante y progresiva reducción de derechos. En este sentido, lo que sucede con el financiamiento de las universidades públicas se ha convertido en una verdadera broma de mal gusto que, por momentos, nos deja perplejos. El derrotero que observamos —con un gobierno nacional que gana tiempo escalando instancias judiciales mientras incumple la ley— refuerza esa sensación.
Los derechos reconocidos y garantizados por nuestra Constitución Nacional no pueden quedar subordinados a una idea tan vacía como la del equilibrio fiscal. Cualquier esquema económico solo resulta válido si se somete a las fuertes garantías y exigencias sociales y económicas que nuestra Constitución establece desde hace tiempo.
Las universidades públicas se encuentran cerca de un 45 % por debajo en los niveles de transferencia de fondos, lo que afecta no solo los salarios y las becas estudiantiles, sino que también genera serias dificultades para sostener actividades de investigación, la organización de congresos y las tareas de extensión. Poco a poco, lo que están logrando es romper vínculos y convertir a la universidad en un espacio raquítico para el pensamiento crítico.
No podemos permitir que un grupo de ignorantes y resentidos sociales nos haga callar en nuestra prédica por los derechos humanos. También podemos advertir, sin demasiado esfuerzo, que el Poder Judicial, como garante formal de los derechos, ha fallado frente a la situación que nos toca atravesar.
Cabe preguntarse entonces, qué puede hacerse ante este escenario. Me animaría a esbozar una respuesta. Algunos constitucionalistas hablan de medios informales de garantía de derechos. Entre ellos se encuentran el derecho a la protesta en su máxima expresión; la no cooperación —particularmente relevante para las fuerzas de seguridad—; la desobediencia civil; el derecho a la resistencia y, en última instancia, la rebelión. Todas estas medidas adquieren una legitimidad singular cuando es el propio Estado el que se vuelve ilegal.
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