El gobierno nacional argentino, en lo que va de su mandato, ha arrasado con la ley de acceso a la información pública, gobierna sin presupuesto, ejerce censura previa atentando contra la libertad de expresión e insulta, de la forma más vulgar conocida, a todos aquellos que no piensan como ellos. Ahora, designa por comisión a dos jueces para ocupar el máximo tribunal del país. Se queja de la política y, en respuesta, quiebra el derecho. ¿Hasta cuándo?
En una república, el respeto a la
Constitución no es una opción, sino una obligación. Sin embargo, en Argentina,
la designación de jueces de la Corte Suprema en comisión pone en jaque el
equilibrio de poderes y reaviva un debate que nunca debería haberse planteado:
¿puede el Poder Ejecutivo pasar por encima del Senado para definir la
composición del máximo tribunal? La respuesta, en un Estado constitucional como el nuestro, es un rotundo no.
El Poder Ejecutivo nos dice que,
debido a que el Senado de la Nación no trató los pliegos de Mansilla y Lijo el
año pasado, se configura una razón política que “politiza la justicia”. Sí, así
como leen. Afirma que no tolera que los intereses de la política se impongan
sobre los del pueblo argentino. ¿En serio sigue el verso?
Se remite al artículo 99, inciso
19, de la Constitución Nacional, alegando la facultad de cubrir vacantes en empleos que requieran acuerdo del
Senado cuando estas ocurran durante su receso.
Sin embargo, ni los jueces de la Corte Suprema son empleados, ni la vacante en
cuestión ocurrió en un receso (la jueza Highton de Nolasco dejó su cargo en
2021).
Además, este gobierno, con
inclinaciones despóticas, omite deliberadamente el artículo 99, inciso 4, que
exige que el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema cuente con el acuerdo del Senado mediante una mayoría
agravada de dos tercios de los miembros presentes. Desde su reforma en 1994, la
Constitución ha sido clara y explícita al respecto. Su finalidad no ha sido
otra que limitar el poder del presidente y garantizar un equilibrio de poderes,
lo que se conoce como checks and balances. La Constitución introduce una
cláusula democrática que exige el mayor consenso social posible para una medida
de tal envergadura. No es difícil de entender: un poder del Estado no puede
elegir discrecionalmente a los integrantes de otro poder del Estado,
especialmente cuando este último tiene la función de controlarlo. Que el
controlado sea el contralor es tan absurdo como intentar detener la mente con
la mente.
Si bien las interpretaciones
constitucionales pueden ser flexibles cuando se trata de políticas públicas
sustantivas, como la ley de cupo para minorías (ej.) —una medida de política
representativa no judiciable—, cuando
la política afecta los procedimientos o las reglas del juego democrático, la
interpretación debe ser estricta, observada con la más alta sospecha y bajo la
presunción de inconstitucionalidad; atento el poder, siempre o casi
siempre, busca su expansión, no su limitación.
Cuando el gobierno de Javier
Milei dice que la política se impone sobre los intereses del pueblo argentino,
en realidad está describiendo su propio accionar: política de la monarquía, no
de la república. Si el Senado de la Nación no trató los pliegos el año pasado,
fue porque no hubo acuerdo, además de la fuerte presión social contra dos
candidatos —sobre todo el juez Lijo— con más manchas que algunos pingüinos
cubiertos de petróleo. Justamente, eso es lo que exige la Constitución
reformada en 1994: mayor participación ciudadana en instancias como audiencias públicas.
Mientras tanto, en su comunicado, el Ejecutivo habla de un servicio de justicia
eficiente cuando, en realidad, ha desmantelado los centros de acceso a la
justicia en los barrios más vulnerables del país, espacios que garantizan el
acceso a derechos básicos. No saben nada, no les interesa nada. Presuntos
estafadores designando a otros de su calaña. Basta de esconder la basura debajo
de la alfombra.
Ahora bien, te pregunto: ¿qué
seguridad institucional le queda al país si el Poder Ejecutivo puede decidir
unilateralmente la composición de la Corte Suprema, el organismo encargado de
garantizar el respeto de la Constitución? ¿Qué seguridad tenemos si un grupo de
lunáticos viola la Constitución sin enfrentar represalias? ¿Qué le queda a la
vida, a la libertad y a la propiedad privada? ¿De qué trata este liberalismo
pre-moderno?
Lo que está ocurriendo es
alarmante. Si las instituciones de nuestro país permiten la destrucción
flagrante de los procedimientos constitucionales establecidos, estaremos en
graves apuros. Todo será oscuro, y ver la luz será difícil. Muy difícil.
Este gobierno no solo le ha dado
la espalda a la Constitución: es la Constitución la que le da la espalda a
ellos.
Al link del diario: https://iky.b07.myftpupload.com/politica/la-constitucion-le-da-la-espalda-a-este-gobierno/
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