Hace unos días, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, les dijo a los excombatientes de Malvinas lo siguiente: el Estado argentino, en algún momento de la historia, los llevó a la muerte para defender la soberanía territorial –un elemento del Estado que creíamos importante-; pero ahora, con cuerpos sin frío, sin hambre y sin marcas, les dice: ustedes no tienen legitimación – el necesario interes de tutelar algún bien del ordenamiento jurídico- para reclamar por el territorio nacional y, por lo tanto, no hay “caso”.
La Corte se confunde demasiado, lo cual nos confunde a todos
y convierte todo esto en una gran confusión colectiva. Cuando es tan amplio el
divorcio entre el sentir interno y el devenir externo de la cosas, quedamos
perplejos, sin sentido y desanimados en voluntad. Sobre todo, cuando la función de
una Corte de justicia, es seguir la ética aristotélica; es decir, la ética de la moderación.
La división de poderes se asienta en ella, y es lo que le da esencia. La
justicia debe ordenar el juego, no crear más caos institucional.
La Corte sabía que, si hacía lo que finalmente hizo, iba a
autorizar, al menos por un tiempo, que un
decreto estuviera por encima de una ley.
En ese acto de gobierno, la Corte violentó el artículo 29 de la Constitución
Nacional y entregó —no por vía del Congreso, sino negando al Congreso— la suma del
poder público – o facultades extraordinarias- al Ejecutivo. Esto ocurre,
además, después de que el Congreso tratara y rechazara el tema extranjerización
de tierras, en medio de una amplia movilización ciudadana, es decir, una
amplitud en términos democráticos (el derecho no puede oponerse a la
democracia, porque es hijo de la democracia).
(…) “Actos de esta naturaleza llevan consigo una
nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a
la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”. —art. 29 CN.
Me parece, que lo que estamos viviendo en este momento, es
la conversión en una tiranía de nuestro sistema republicano, reconocido en
nuestra Constitución en su art. 1.
Es por eso que, atinadamente, entiendo, Alberto Binder, recientemente
premiado por la Fundación Konex, escribió un artículo en La crítica al derecho,
titulado “Una interpretación leguleya de la
Constitución”, haciendo referencia a este último fallo de la Corte. En él
menciona el derecho a la resistencia del art. 36, que tienen
los ciudadanos frente a actos tiránicos contra el orden institucional y el
sistema democrático. Menciona además, lo conveniente de que los conflictos públicos
sean resueltos con mecanismos institucionales.
Al parecer, el art. 36 no está escrito para tiempos “tranquilos”.
Es una norma pensada precisamente para tiempos donde el orden constitucional es
puesto en tensión y las instituciones que deberían contener dejan de hacerlo.
La resistencia no aparece entonces como una ruptura (porque ya está roto) del
orden constitucional, sino como una restauración de aquel. La rebeldía es de aquellos que nos llevan a la guerra.
Locke decía, en El segundo tratado sobre el gobierno civil, que la humanidad no puede ser tan miserable como para no ser capaz de buscar un remedio antes de que sea demasiado tarde. No se le puede decir a un pueblo que no tiene derecho a la resistencia, porque sería como decirle que primero sea esclavo y que, después, con las cadenas encima, actúe como un hombre libre.
El decreto 70/23, no solo por su forma, sino también por su contenido vino a mutilar un cuerpo social, como un médico loco que experimenta con su paciente. Es interesante notar, como el INTI, un organismo nacional que permitía que nuestros productos cumplan con los estándares internacionales para poder ser exportados, se inoperativizó, dejándonos a cambio, un país lleno de productos importados sin los controles adecuados. No hay que olvidarse, que este decreto vino con la idea de que en el contrato de trabajo hay igualdad de partes; tanta ha sido su abuso, y cuanto más queda por decir. En nuestro pais en lo que va de este gobierno, se cerraron mas de 30 mil empresas. Es el pais el que se va volviendo inoperativo. Entendamos eso.
Este 15 de octubre se prevé una gran movilización en contra
del DNU 70/23; del fallo de la Corte y por el financiamiento de las
universidades públicas (espacios importantísimos para nuestra ciudadanía).
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