Hace
unos días, ACIJ[1]
publicó un informe que advierte sobre el nivel más bajo de ejecución
presupuestaria por estudiante desde el 2004. La discusión en torno a la Ley de
Financiamiento Universitario (2025) busca reparar, al menos en parte, esta
situación socialmente critica. Sin embargo, el Gobierno nacional no cumple (sus
obligaciones) la ley, a pesar de que esta ha superado todas las instancias
legislativas y judiciales correspondientes.
El
artículo 2 de la Ley de Educación Superior establece, que el Gobierno nacional
es garante del financiamiento de las universidades nacionales, para que estas,
entre tantas otras cosas, distribuyan conocimiento e igualen oportunidades de
participación. Aquí el conflicto no es de una comunidad cerrada, sino de la
sociedad en su conjunto, que dispone de instituciones valiosas para crear espacios
de civilidad y sostener ciudadanía; es decir, democracia. El Gobierno nacional
está en conflicto con la democracia.
La
petición del jueves 15 en todo el país, contra el dnu 70/2023, se presenta en
este escenario. Se trata de un decreto que desregula numerosos asuntos de
amplio interés público, entre ellos, nuestros recursos naturales, como son la
tierra, los glaciares y los bosques. De este modo, cuestiones fundamentales de
la vida humana quedan sujetas a un poder totalizante que se concentra en la
Presidencia de la Nación –agravada en este caso por la ocupación del demonio
descripto por Madison-, convirtiendo el régimen republicano en un régimen
tiránico.
Aquel
mismo jueves, el Poder legislativo no logró rechazar aquel dnu y dejo una
imagen triste en la televisión: una cámara de diputados a la mitad, hablando
sola. En paralelo, en la plaza pública, la policía federal reprimía un acto de
expresión que exigía el cumplimiento de una ley, demostrando una vez más las derivas
totalitarias de este gobierno que ejerce constantemente violencia
institucional.
La
Corte Suprema de Justicia, otro poder del Estado, también ha demostrado en sus
últimos fallos (CECIM y Árbol de Pie), una preocupante falta de interés de
respetar la Constitución Nacional. Todos sabemos que un dnu no puede modificar
una ley (y en este caso agravado por la cantidad y la cualidad de las leyes) en
un sistema jurídico como el nuestro. La Corte lo sabe pero guarda silencio
mientras se violan sistemáticamente derechos humanos. La garantía formal del derecho
sea derrumbado y estamos a la intemperie como ciudadanos.
El
escenario complejo que atravesamos nos exige, mucho más, prestar atención a los
medios de garantías informales de derecho (art.36 CN). Estos consisten en una
ciudadanía con capacidad crítica y creativa, y con una voluntad de transformación
expansiva. Una ciudadanía que siente las cadenas por que se moviliza. ¿Cómo
llegar a esto? Bueno, una de las instituciones que nos habilita a deliberar sobre
esto, son las universidades públicas. Instituciones que sostienen la democracia
y un modelo de sociedad. Ese modelo que el pibe de la FUA, en plaza Congreso, en
Bs As., en el medio de los gases, lo tradujo así: defender la universidad con la vida, por el derecho que tiene cada
quien de decidir su futuro.
Esto
está en juego.
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