Por Domingo Rondina.
El siguiente articulo sobre objecion de conciencia fue publicado en su blog que más abajo lo voy a dejar para que
puedan pasarse. Aclaro que los resaltados son mios.
La
libertad más esencial del ser humano, por ser la única que hasta el presente no
está sujeta a restricciones de terceros, es la del pensamiento.
A partir
de ahí, cuando el pensamiento se exterioriza, transformado en expresión o en
acción, cuando se hace verbo, resulta pasible de regulación.
Ello
porque toda acción, incluso la expresión, puede causar un daño a terceros, y en
reparación de ellos actúa el derecho, que primero prohíbe ciertas conductas y
luego pune el incumplimiento de la prohibición.
Un breve
escalón por debajo de la soberanía propia del pensamiento está otra libertad:
la de la abstención, la de decir NO. Pueden los gobiernos forzarme a algo, pero
no pueden lograr que yo haga voluntariamente algo que no quiero hacer.
Íntimamente
ligada a la libertad de pensamiento está la libertad de abstención por razones
de conciencia.
En ningún
caso se me puede obligar a hacer algo que no deseo hacer, aunque sí se me puede
impedir que siga haciendo algo que daña a terceros. Pero obligarme a la acción
no corresponde, salvo cuando se demuestre que mi inacción daña de forma real,
concreta, actual y grave a un tercero. (Esto es lo fundamental. Que mi acción
dañe a un tercero o que mi no acción lo haga, para obligarme a hacer lo
que no deseo hacer)
Así, por
ejemplo, el abandono de personas está legítimamente penado: mi inacción, mi
abstención de brindar asistencia, es ilegítima cuando es sobre alguien
que legalmente está a mi cargo y que no tiene posibilidades de supervivencia si
yo me abstengo de atenderlo.
En tal
sentido es importante destacar que no hay objeción posible en casos de
urgencia con peligro de vida, porque en ese caso quedaría el objetor encuadrado
en el delito de abandono de persona.
Pero no hay otros supuestos válidos, salvo que se demuestre que la inacción es
la causa fuente del daño real que un tercero sufre.
Ello,
porque el constitucionalismo liberal reivindica el derecho permanente de toda
persona a no hacer lo que le causaría angustia hacer, a no hacer aquello que
contraría sus creencias, sus convicciones, su conciencia, su libre pensamiento.
Porque
respetar las diferentes ideas es la versión óptima de la igualdad, ya que no
todos pensamos igual.
En el
sistema constitucional argentino el derecho a objetar actos por razones de
conciencia emerge del artículo 14 que garantiza la libertad de cultos, del 16
que impone el principio de igualdad, y del 19 que garantiza la libertad para
las acciones que no afectan a terceros.
La objeción de conciencia se inscribe dentro del más amplio campo del conflicto
entre lo individual y lo colectivo, entre lo personal y lo estatal. El
debate es tan viejo como el Derecho: los intereses de la colectividad
representada por el Estado conducido la mayoría o por los poderosos, frente a
las decisiones del individuo.
Allí se visualizan distintos casos de insumisión, como el derecho de
resistencia a la opresión, el derecho a la revolución, la desobediencia
revolucionaria (todos negando el Gobierno y/o el Estado mismo), la
desobediencia civil (que quiere la eliminación de la norma que le afecta), y la
objeción de conciencia (la más módica, porque solamente quiere acceder a una
excepción prevista por la misma norma). (Esto se ejemplifica bien en la película
“Hasta el último hombre” donde el protagónico objeta portar armas)
En
distintos temas se ha planteado jurisprudencialmente la problemática, muchos de
los cuales hemos tratado en nuestros escritos: manejo de armas, veneración de
símbolos patrios, células madre y otra manipulación genética, transfusión de
sangre, vacunación obligatoria, casamiento civil igualitario, aborto,
eutanasia, etc.
Por mi parte, siempre he defendido el derecho de cada persona a no participar
de manera directa en actos que afecten su conciencia.
Una de las grandes complejidades de esta temática es la situación de los
empleados objetores (sean públicos o privados), cuyo derecho debe preservarse,
pero al mismo tiempo han sido contratados para cumplir una función que ahora
-total o parcialmente- objetan.
En ese
caso, el Estado debe buscar mecanismos de licencia y reemplazo que aseguren por
un lado el derecho del objetor, pero al mismo tiempo aseguren la prestación del
servicio. Una solución interesante es la creación de unidades especiales,
móviles, que acudan a brindar la prestación en aquellos lugares donde hay
tantos objetores que se dificulte la concreción del acto.
Incluso
si fuese necesario trasladar o desvincular al objetor debería hacerse
asegurando la protección contra las medidas arbitrarias, y evitando que
obedecer la conciencia sea muy oneroso.
Porque es
lógico que cada persona debe estar dispuesta a pagar algún costo por sostener
sus creencias, pero no puede convalidarse una sociedad monocromática que
expulse a quienes sostengan determinadas convicciones.
Es
importante destacar que la objeción válida es aquella dirigida a un paso que
coadyuva de manera directa al logro del fin objetado, no a acciones
colaterales. Pero también es válido que el objetor solicite no participar de
aquellas prácticas donde su convicción podría afectar su objetividad en el
tratamiento de la persona que solicita el servicio, como son las instancias de
asesoramiento o derivación.
También señalamos que no es admisible una indagación acerca de la seriedad de
las convicciones, ni la validación de autoridad, siendo suficiente la
declaración del objetor, pero sí resulta válido consultar sobre objeciones al
momento de contratar y también verificar que en todos los ámbitos de su
actuación laboral la persona objete de idéntica manera. También se debe estar
muy atento para respetar las objeciones de conciencia de quienes antes no eran
objetores pero se convierten o cambian de ideas. (Es un poco loco esto
porque al momento de la contratación el trabajador pudo haber declarado
objeciones que luego pueden ser sometidas a cambios. ¿Habría que hacer una
nueva declaración? ¿La conciencia se somete a cambios?)
Ser
objetor en un empleo no habilita a militar tus convicciones en ese mismo
empleo, ya que el derecho tutelado es el de la abstención, mientras que las
acciones proselitistas pueden ser limitadas por el empleador. (Todo este asunto tiene una similitud con lo que se planteo en el articulo
“Derecho a la imagen”, sobre qué pasaría si un trabajador se niega a sacarse
una foto para la empresa con fines publicitarios, haciendo eje en el derecho a
su imagen)
Un
aspecto trascendental en este asunto es distinguir el agente funcionario
público del agente empleado público.
Respecto al funcionario público, están los políticos (que no acceden a su
empleo por carrera o concurso, sino por decisión política discrecional) y los
funcionarios de carrera (que se postularon y ganaron un concurso o ascenso). El
funcionario público diseña el proyecto del organismo, participa en la ideación
estatal, está comprometido con la consecución de los fines del Estado, aunque
en algunos casos también deba hacer tareas concretas, pero es esencialmente un
conductor, un director. El agente Funcionario Público no tiene derecho a
volverse objetor y mantener su designación, ya que las posiciones de conducción
lo son para mantener un plan determinado, y no otro. No debe perder su empleo
de base, pero debe ser desplazado de tareas conductivas si se ven afectadas por
su objeción de conciencia.
Diferente
es el caso del agente Empleado Público (quien realiza actos concretos de
cometido estatal, bajo directivas de Funcionarios). Si el empleado es objetor e
intenta defender su conciencia, o evitar determinadas tareas, debe ser tolerado
sin por ello perder su empleo ni su nivel de remuneración. Deberá ser
reemplazado, trasladado o licenciado, pero no eliminado del empleo público.
Párrafo aparte para la objeción de conciencia institucional, contra la cual se
ha dicho que las instituciones no tienen conciencia, por lo cual es preferible
denominarla Objeción de Ideario, ya que las personas jurídicas sí tienen
objetos y finalidades. Es razonable admitir que las entidades privadas puedan
bloquear en su tarea determinadas prácticas que repugnen a sus motivos
fundacionales, pero en tales casos debería imponérseles también un tratamiento
diferencial a la hora de recibir beneficios impositivos u otros sistémicos, ya
que no pueden ser tratadas igual que las entidades que cumplen en todos sus
aspectos la normativa general.
Obviamente las oficinas públicas no tienen posibilidad de plantear Objeción de
Ideario, ya que el Ideario del Estado es la Ley.
Propugnamos entonces una amplia admisión de las objeciones de conciencia
individuales porque, como siempre, es preferible correr el riesgo de algunos
falsos objetores antes que imponer sufrimiento de conciencia a una persona
auténtica.
Protegiendo
las creencias construimos democracia, ya que las distintas convicciones son las
que aseguran el diálogo entre los miembros de la comunidad.
Porque el Constitucionalismo del futuro será liberal y respetuoso de los
derechos de los individuos, o no habrá constitucionalismo.
Blog de Domingo Rondina. http://domingorondina.blogspot.com/
